Caja Madrid exhortaba a los consejeros a utilizar más las «tarjetas opacas»

Ex directivos atribuyen a Blesa el uso personal de las «visa black» en su declaración ante el juez Andreu

Diez ex consejeros de Caja Madrid no se pusieron ayer de acuerdo –en sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu– sobre la naturaleza de los gastos que estaban autorizados a cargar a las «tarjetas black» de la entidad, aunque la mayoría sí coincidió en que, con la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de la entidad en 1996, se generalizó el uso personal de esas «visas opacas». Para la mayoría, se trataba de un complemento de su sueldo que no declaró a Hacienda porque era Caja Madrid, se escudaron, la que debía hacerlo. Para otros, sin embargo, la tarjeta se aplicaba a gastos de representación. Una confusión de conceptos que el propio Andreu llegó a calificar de «batiburrillo».

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez durante las comparecencias que imponga a seis de los diez imputados por administración desleal o apropiación indebida (otros 17 declararán entre hoy y mañana) una fianza civil que sume el importe de los gastos que cargaron a Caja Madrid con las «tarjetas opacas», para cubrir los 15,2 millones de euros gastados entre los años 2003 y 2012.

Antes de la presidencia de Blesa –explicaron según fuentes jurídicas los ex altos cargos imputados–, el entonces secretario del Consejo de Caja Madrid, Ángel Montero, les explicaba al entregárselas que debían utilizarse para gastos de representación, aunque con cierta flexibilidad (esa manga ancha incluía a la postre libros, viajes, ropa, restaurantes, hoteles y hasta obsequios) y se les insistía en que fueran «prudentes».

Con Blesa ya en la presidencia de la entidad, el sustituto de Montero, Enrique de la Torre, pasó a ser el encargado de facilitarlas. A partir de ese momento, coincidieron los declarantes (salvo Juan José Azcona, de CC OO, quien aseguró a Andreu que «nada cambió»), se produjeron alteraciones «de naturaleza y de uso» en las tarjetas, generalizándose el cargo de gastos estrictamente personales con los límites mensuales fijados por el mismo presidente para cada uno en función de «su cargo y dedicación». Se trataba, insistieron, de un «sistema instituido».

Reproches por usarla poco

De hecho, uno de los ex consejeros, el ex sindicalista de CC OO Pedro Bedia, explicó al magistrado que desde Caja Madrid «les exhortaban a usar la tarjeta» y que, según aseguraron fuentes presentes en la declaración, a él mismo «le llamaron varias veces para reprocharle que la usaba poco» (Bedia cargó 78.200 euros). Según él, era De la Torre el interlocutor habitual en todo lo relacionado con estas tarjetas, aunque no especificó si fue él quien le conminó a usarla más a menudo.

Las fianzas civiles que ha solicitado Anticorrupción para seis de los diez ex consejeros que declararon ayer (sobre las que aún no se ha pronunciado el juez Andreu) suman el montante de los gastos que cada uno cargó a los polémicos plásticos: 456.500 euros en el caso de José Antonio Moral Santín (IU); 139.000, en el del ex alcalde socialista de Móstoles José María Arteta; 78.200, en el de Pedro Bedia (CC OO) y 94.000 euros, en el del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el único que se negó a declarar ante el juez. La lista la completan el socialista Ramón Espinar (178.400 euros) y el ex miembro de la comisión de control de Caja Madrid Ignacio de Navascués (195.000 ).

Por contra, la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido por ahora la imposición de fianza alguna a Juan José Azcona (99.300 euros); al ex consejero de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700); a Guillermo Marcos Guerrero (133.600) y al ex secretario de CC OO en Madrid Rodolfo Benito (140.600 euros).

«Usos y costumbres»

Los ex consejeros coincidieron al asegurar que, tras dejar el cargo en Caja Madrid, podían seguir utilizando las tarjetas durante tres meses. Esa deferencia, contaron, formaba parte de los «usos y costumbres» de la entidad, que incluían su recolocación en el consejo de alguna sociedad participada por la caja de ahorros.

El ex dirigente de IU Moral Santín reconoció la naturaleza de los gastos y aseguró al juez que «no había ningún problema» en utilizar la tarjeta para sacar dinero del cajero (de hecho, retiró en efectivo más de 300.000 euros). Otros como Martín Pascual, sin embargo, explicaron que les advirtieron expresamente de que no se podía retirar dinero en efectivo, mientras que algunos imputados dijeron que ni siquiera lo habían intentado.

Todos aseguraron a Andreu que no tenían que declarar por esos gastos y descargaron esa responsabilidad en Caja Madrid. De hecho, la entidad tampoco les exigía que aportaran los justificantes de sus cargos. Uno de ellos aseguró al juez que los presentaba y desde la entidad le conminaron a dejar de hacerlo. Pensaban «que no había problemas, que todo era legal», añadieron las fuentes consultadas.

Moral Santín esgrimió para justificar sus gastos que «tenía una gran actividad y dedicación» y que los cargos estaban en su mayoría vinculados a gastos de representación. Era una retribución de libre disposición. «¿Por qué no agotaba entonces el límite?», quiso saber el fiscal. «Gastaba lo que consideraba adecuado, no tenía la sensación de que hubiese que agotarlo», contestó.

La tarjeta formaba parte, recalcó, de retribuciones indirectas como las dietas, el seguro de salud o la línea de crédito especial. «Siempre entendí que no se ocultaba nada al fisco», insistió. Respecto a las instrucciones de uso, se limitó a comentar que «todas eran verbales»

Las fianzas, pendientes del juez

- La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer al juez Fernando Andreu –que investiga por administración desleal o apropiación indebida a los imputados por las «tarjetas black» de Caja Madrid– que imponga a seis de los diez ex consejeros de la entidad que declararon ayer en la Audiencia Nacional una fianza civil equivalente al dinero que se gastaron con las polémicas visas. Anticorrupción únicamente excluye por ahora de su petición a los ex directivos Juan José Azcona, Gonzalo Martín Pascual (UGT), Guillermo R. Marcos Guerrero y Rodolfo Benito (CC OO). Con esas cantidades deben hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que se deriven en cada caso del juicio que se celebre en su día.

La Audiencia rechaza la prisión de Rato

La Audiencia Nacional (AN) volvió a rechazar ayer que el ex presidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato ingrese en prisión porque no se desprende de sus viajes a Suiza que haya «llevado a cabo» un intento de fuga durante los dos años en los que se investiga la fusión y salida a bolsa de la antigua caja. La AN confirmó así la decisión del juez Andreu de no enviar a Rato a la cárcel, en contra de la petición de UPyD, que requería prisión sin fianza por los viajes, la alta pena a la que se enfrenta y el avanzado estado de la instrucción, factores que permitían inferir un riesgo de fuga. Los magistrados explican que la mera existencia de indicios delictivos no constituye elemento suficiente para acordar la prisión provisional y deben ponderarse otros extremos, como la situación familiar, laboral y económica de Rato. «Las características personales del inculpado y las particulares circunstancias que concurren en el caso no hacen en el presente supuesto sino alejar o disminuir el citado peligro de fuga», añaden.