Medidas de control

De los casi 28 millones de turistas internacionales que recibió España hasta mayo, 3,1 millones se hospedaron en estos alojamientos. Es decir, un 38,5% más que en el mismo periodo de 2016.

Más del 11% de los casi 28 millones de turistas extranjeros (en concreto, 3,1 millones) que visitaron España durante los primeros cinco meses del año se alojaron en viviendas de alquiler, lo que supone un incremento del 38,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. De hecho, ya hay un 5% más de plazas en plataformas que en habitaciones de hotel. Y al hilo de las protestas vecinales en algunas de las ciudades más visitadas, donde pueden incluso leerse pintadas incendiarias del tipo «tourist go home» o «tourist you are the terrorist», los vecinos de la Comunidad de Madrid podrán vetar los apartamentos turísticos.

El crecimiento tan vertiginoso que se ha producido en el alquiler de viviendas para este uso es, según los expertos, la causa principal de la «invasión» de turistas que sufren las zonas más visitadas de España. Y, por ello, los hoteleros han reclamado recientemente una regulación «más estricta» de las plataformas on-line y de las viviendas destinadas a tal efecto, cuya ausencia ha hecho que en menos de un año Madrid, por ejemplo, haya duplicado el número de inmuebles de alquiler de uso turístico –con 41.000 camas más–.

El turismo asociado a este tipo de alquileres genera un impacto económico diario en el destino un 84,8% inferior al promovido por la oferta reglada. Además, frente a los 53,3 empleos por cada 100 plazas de los alojamientos regulados, esta oferta apenas crea 9,8.

El 73% de las plazas en alojamientos turísticos en viviendas de alquiler se concentra en las zonas más céntricas de las ciudades. De algunos estudios se desprende que uno de cada 11 vecinos en los distritos turísticos de las 12 principales ciudades españolas ya dedica su vivienda al alquiler a turistas. Es más, las asociaciones de vecinos avisan de que un 59% de los residentes sufre una merma de la calidad de vida, más del 80% se ve perjudicado por el ruido, casi un 70% por la suciedad, un 42% se siente más inseguro y un 75% debe afrontar gastos extras por el deterioro de las zonas comunes.

Juan Molas piensa que el crecimiento que se está produciendo en el alquiler de viviendas para uso turístico se encuentra «absolutamente descontrolado». Y lo achaca a que las plataformas, en contra de la Ley, no están exigiendo que las viviendas que se anuncian sean legales y tengan número de registro –una sentencia del Tribunal Supremo acaba de dictaminar que la plataforma no puede subir viviendas que no estén registradas, aunque continúan aceptando a cualquiera, sin demostrar si es propietario o si cumple la normativa, incluso a viviendas que no tienen ni cédula de habitabilidad–.

El crecimiento de la oferta a precios reducidos junto a unos vuelos económicos y al tradicional y conocido atractivo de España como destino provoca una excesiva afluencia en determinadas zonas. Sin embargo, el presidente de Cehat asegura que lo negativo no es que se alquilen viviendas para uso turístico –siempre se ha hecho–, sino que se incumpla cualquier tipo de norma, que se genere economía sumergida y que no se respeten los derechos de los consumidores.

Cayetano Soler, por su parte, insiste en que el crecimiento descontrolado y de carácter desmedido que se está produciendo en el negocio del alquiler de viviendas puede terminar generando una cierta fobia hacia la industria del turismo, en su conjunto, por el grado de afectación a la convivencia social, el impacto que puede tener en ciertas zonas residenciales, problemas de ruido, suciedad y conservación de los bienes comunitarios, el efecto sobre los segmentos de valor de la cadena turística por la afluencia masiva a las principales atracciones turísticas, o el desplazamiento del turismo de valor...

En aras de controlar el alquiler de viviendas para uso turístico, desde Cehat reclaman cinco medidas: que el registro sea obligatorio, que paguen impuestos similares a los que abonan los demás establecimientos turísticos (IVA, Sociedades cuando sea una sociedad, IRPF cuando sea un particular...), que exista una legislación adecuada a la responsabilidad de las plataformas, que tengan que cumplir una serie de requisitos relacionados con la entrada de viajeros e información a las autoridades con transparencia y que se acepten las normativas municipales y que las comunidades de propietarios dispongan de capacidad para decidir sobre su edificio, lo que actualmente encuentra bastantes limitaciones.