Cataluña

Montoro abre la puerta a quitas de deuda a las autonomías

Hacienda inyectará en Cataluña un cuarto de los recursos del FLA para el primer trimestre hasta alcanzar los 3.477 millones de euros.

Montoro abre la puerta a quitas de deuda a las autonomías
Montoro abre la puerta a quitas de deuda a las autonomíaslarazon

Hacienda inyectará en Cataluña un cuarto de los recursos del FLA para el primer trimestre hasta alcanzar los 3.477 millones de euros.

Cristóbal Montoro abrió ayer la puerta a realizar quitas a la deuda que las autonomías mantienen con el Estado. En el marco de una comisión parlamentaria para explicar el estado de la reforma del sistema de financiación autonómica, el ministro de Hacienda aseguró que uno de los aspectos que habrá que analizar es qué parte de la deuda que las autonomías mantienen con el Estado corresponde a «infrafinanciación».

Desde hace años, regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana sostienen que no reciben los recursos suficientes para financiar sus servicios públicos. El reconocimiento por parte del Estado de que parte de los recursos que ha suministrado en los últimos años a esas autonomías a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y del Fondo de Facilidad Financiera para compensar su falta de ingresos por la crisis puede corresponder a infrafinanciación abre la puerta a que esas autonomías no tengan que devolverlos para compensar ese déficit de financiación, lo que constituiría en sí una quita.

Entre 2012 y 2017, para paliar el deficit de ingresos de las autonomías y su imposibilidad de acudir a los mercados, el Estado ha inyectado a las mismas más de 251.000 millones de euros, explicó Montoro. En el primer trimestre del año se mantendrá el bombeo de fondos. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó la semana pasada una nueva inyección de 12.151 millones, según anunció Montoro. Cataluña volverá a ser la principal beneficiada. Recibirá más de un cuarto de los recursos, 3.477 millones. «El Estado garantiza así, con independencia de las condiciones políticas, los servicios a los ciudadanos», aseguró Montoro, que añadió que los catalanes no deben pagar los errores de sus políticos.

Aunque a corto plazo no se vislumbra el fin de estos mecanismos de ayuda, Montoro advirtió de que una vez que haya un nuevo sistema, habrá que ponerlos fecha de caducidad porque ello supondrá la vuelta a la normalidad, a los mercados, de las comunidades.

Cuándo habrá nuevo sistema es algo que ni el propio Montoro sabe. Aunque aseguró que se sigue trabajando en ello, también admitió que es «imposible tener todavía una propuesta por la complejidad del asuntoÌ. Aunque se mostró optimista respecto a tener un balance pronto, admitió que hay que dar respuesta a asuntos complejos como qué hacer con los citados fondos de ayuda para que el sistema sea más sencillo; cómo blindarlo para que no esté expuesto a los vaivenes de posibles crisis; o cómo garantizar que se deja en manos del Estado las políticas de convergencia real. Lo que tiene claro Hacienda es que debe ser un sistema «que garantice a todas las comunidades el mismo nivel de servicios públicos, sobre todo porque hay mucha diferencia de PIB per cápita entre las comunidades».

No hay plazo

En cualquier caso, el ministro de Hacienda no se puso plazo alguno para culminar la reforma dado que según su criterio, legalmente nada le obliga a hacerlo en un plazo concreto. Es la situación que vive España la que ha animado el Gobierno a impulsarla, según Montoro. «Ahora, con la recuperación y casi garantizado el incremento de los ingresos, es el momento adecuado para actualizar el sistema», dijo.

De lo que Montoro no tiene duda alguna es de que, tarde lo que tarde en llegar, es necesario un nuevo sistema de financiación autonómica porque el actual, reformado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, «no ha servido para financiar a las autonomías y lo único que hizo es profundizar la crisis». Mientras Montoro comparecía, el sindicato CSIF realizaba la primera protesta contra la oferta de subida salarial del 8% para los próximos tres años para los funcionarios que les ha hecho llegar el ministro.