Montoro: «El único debate es salir de la crisis: todos dependemos de todos»

Cataluña no es Constantinopla y no hay hordas invasoras a sus puertas. Pero el trasfondo del órdago independentista que ha lanzado su presidente, Artur Mas, sí que tiene algo de bizantino en cuanto a que mientras su economía hace aguas y ha tenido que recibir asistencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el presidente catalán y algunos de los suyos parecen no querer ver la gravedad del problema e insisten en discutir cuestiones identitarias que no parecen ahora la primera de las prioridades para la región. Como si, al igual que les ocurrió a los bizantinos, lo fundamental ahora fuera discutir el sexo de los ángeles y no preparar la defensa de la ciudad frente a los invasores.

La crisis, lo primero

No es extraño que ante el empeño del Gobierno catalán de no concentrar toda su atención en luchar contra la crisis, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmase durante su intervención inicial en el coloquio «La Razón de...» que «se equivoca profundamente el que no establezca como prioridad salir de la crisis, volver al crecimiento y crear empleo». «Primero, crisis; después, crisis; y, por último, crisis. No estamos para otros debates políticos», advirtió Montoro, que apeló al diálogo entre todas las instituciones para garantizar los servicios públicos básicos de los catalanes en igualdad de condiciones a los del resto de españoles, que es lo que realmente preocupa al Ejecutivo más allá de posibles consultas independentistas, y recordó a Artur Mas que «todos dependemos de todos».

Arropado por sus colegas de gabinete Pedro Morenés, ministro de Defensa; Ana Pastor, ministra de Fomento; Ana Mato, titular de Sanidad; José Manuel García-Margallo, responsable de la cartera de Exteriores; Fátima Báñez, ministra de Empleo; y Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, Montoro articuló un discurso «sencillo y optimista», como él mismo lo definió, con el que quiso transmitir que los sacrificios que el Ejecutivo está exigiendo a los españoles no están siendo en balde y que gracias al esfuerzo colectivo de todas las administraciones –la catalana, también– España está saliendo adelante. «2013 será el último año de la crisis económica», afirmó de forma contundente el ministro de Hacienda. Y lo digo ahora, añadió, «con más propiedad» que cuando presentó los Presupuestos Generales del Estado de 2013. Ahora, continuó, tenemos una base sólida para afirmarlo: el saldo de la balanza de pagos se dio la vuelta en los últimos meses del pasado ejercicio.

Como admitió el propio Montoro, se trata de un indicador «recóndito», de esos que sólo consultan los especialistas, pero que «nos marca nuestra capacidad o necesidad de financiación con el resto del mundo». Y a finales de 2012, explicó el titular de Hacienda, se tornó positivo «a una velocidad e intensidad que nadie predijo en sus informes». Para este año, España tendrá una capacidad de financiación frente al resto del mundo equivalente a entre el 2,5% y el 3% del Producto Interior Bruto.

En esta estadística tan particular, «que es la que nos está sacando ya de la crisis», reside «el esfuerzo de una sociedad que nos permite afirmar que producimos a un ritmo muy superior al de cualquier expectativa», destacó Montoro, que pidió disculpas a los ciudadanos por haberse visto «arrastrado por las circunstancias» a subir los impuestos.

Déficit estructural

El incremento de la fiscalidad ha sido fundamental a juicio del ministro para lograr reconducir el abultado déficit que arrastraban las cuentas públicas. Al margen de las discrepancias que Madrid ha tenido con Bruselas sobre la cifra final del desajuste de 2012, Montoro destacó el que para él es el dato más relevante, el del déficit estructural. En este aspecto, recordó, España logró el pasado ejercicio una reducción de 2,6 puntos del Producto Interior Bruto, la mayor de su historia y probablemente la más importante de los países desarrollados. «Esto es lo realmente importante y lo que nos demandaban hacer desde Bruselas», destacó el ministro de Hacienda.

Si la balanza de pagos se ha dado la vuelta no ha sido sólo por la mayor carga impositiva que soportan ahora los ciudadanos, sino también por el importante ajuste de las administraciones públicas que ha abanderado el Ejecutivo. La Constitución, recordó el ministro de Hacienda, otorga al Gobierno la misión de responder por todo lo que sucede tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos. Y la contención del gasto público –sostenida en una Ley de Estabilidad Presupuestaria–, que ha permitido que las autonomías cerrasen 2012 con un déficit medio del 1,7 por ciento, es, a juicio de Montoro, buena muestra de que el Ejecutivo está haciendo bien las tareas que tiene encomendadas.

Demanda interna

Pero la mejoría económica que el Ejecutivo espera para el próximo ejercicio no se fundamenta sólo en el sector exterior. Según Montoro, el consumo privado también se recuperará, así como la inversión en bienes de equipo, la construcción... «A finales de 2014, la demanda interna y el sector exterior coincidirán y empezarán a aportar por igual, dándonos un periodo largo y sano de crecimiento económico, que es lo que España necesita para crear empleo y devolver la deuda». Y seguir haciendo ajustes. Porque, como advirtió el ministro de Hacienda, si bien el grueso de las reformas que ahora se están acometiendo tiene que ver con la necesidad de sacar al país de la crisis, el impulso reformador no se puede detener si España quiere seguir mejorando su competitividad. «Todo lo que se está logrando debe animarnos a perseverar por la senda de las reformas para lograr que el país siga siendo un miembro importante del euro, fiable, y no uno al que hay que controlar», afirmó Montoro antes de declarar que no es lo mismo acometer duros ajustes en el sector público en un entorno de retroceso de la economía que mientras ésta crece, aunque sea de forma un tanto moderada.

Entre las medidas que el Gobierno adoptará de forma inmediata está la puesta en marcha de un nuevo plan de pago para proveedores, en vista del buen resultado que se logró con el anterior, con el que calcula que se lograron salvar 150.000 puestos de trabajo. El de este ejercicio, no obstante, introducirá una importante novedad: la directiva europea sobre morosidad. Bruselas ha impuesto la obligatoriedad de que todas las administraciones públicas finiquiten sus facturas con los proveedores en un plazo máximo de 30 días. Montoro afirmó que la «contabilidad» que se destinará al nuevo proyecto, que obligará a cambiar la legislación, aún no está cerrada, al tiempo que consideró que introducir un plazo dará «fiabilidad». El Gobierno quiere ligar el nuevo plan a la directiva europea de morosidad para evitar que la dilación en el pago de las facturas sea causa de dificultad e incluso disolución en las empresas. Al primer plan se destinaron el año pasado 27.000 millones de euros.