Pensiones: una reforma urgente

Además de nuevos ingresos, se requieren medidas de carácter paramétrico que ajusten el gasto. Los futuros pensionistas podrían ver reducida su prestación respecto al último salario.

Las pensiones se tambalean. España envejece y antes de 2050 tendrá más jubilados que trabajadores. Algunos problemas son coyunturales –como la tasa de paro o el déficit de la Seguridad Social–, pero también existen amenazas estructurales a las que hacer frente urgentemente. Las soluciones a corto plazo son parches que no sirven para nada. La supervivencia del sistema estriba en un pacto de Estado de amplio espectro político y largo horizonte temporal.

Salvar las pensiones es una prioridad para el nuevo Gobierno. Una sociedad estable económica y políticamente resulta inviable sin un sistema equitativo y justo. Además, las prestaciones públicas cohesionan y sirven como eje vertebrador de la sociedad. Y mientras que el 70% de los jubilados vive sólo con su pensión pública, el 34,3% de los hogares en España tiene como principal fuente de ingresos una pensión.

Pese a que el 54,5% de los inversores crea que las pensiones no están garantizadas, algunos expertos defienden que el sistema público no tiene ningún problema de sostenibilidad y que la viabilidad pasa por el diseño de mecanismos de corrección automática del gasto –como la subida gradual de la edad legal de jubilación o la introducción del índice de revalorización que recogían las dos últimas reformas–.

Pacto de Toledo

El bendito problema radica en la mayor esperanza de vida de los españoles, ya que una menguante población ocupada tendrá que sostener las prestaciones de una creciente población jubilada. Así, el riesgo más importante al que se enfrenta nuestro sistema público de reparto es que, potencialmente, su generosidad a medio y largo plazo disminuirá, de manera que los futuros pensionistas podrían ver reducida su prestación respecto al último salario. Y, por ende, se puede llegar a romper el principio de contributividad. Son muchos los que ven inevitable una bajada de las futuras pensiones. No obstante, en Europa sólo Chipre paga unas prestaciones más elevadas respecto al sueldo medio. Y para mantener el nivel de pagos actual, según informaciones de otros medios, sería necesario que España ensanchara en unos 10 millones su número de cotizantes. Si el objetivo político fuera custodiar la capacidad adquisitiva de los pensionistas, con el actual sistema de financiación se tendría que aumentar la presión fiscal, ya sea mediante cotizaciones sociales, ya sea a través de otros instrumentos impositivos o recurriendo al endeudamiento.

Mariano Rajoy presentó una oferta de cinco pactos de estado entre los que se incluye el abordaje del futuro de las pensiones. Tras prácticamente un año de inactividad, el Pacto de Toledo está en marcha y en marzo podría tener selladas propuestas firmes para garantizar la sostenibilidad. Los encuentros se reiniciaron el pasado 18 de octubre y los grupos se reunirán dos o tres veces por semana para alcanzar los objetivos de suficiencia financiera. El Gobierno explorará otras fuentes de ingresos, pero ahora es el turno de la Comisión no legislativa del Pacto de Toledo, ya que debe haber un mínimo quórum para fijar una hoja de ruta que dé salida a la tramitación de la ley.

Si bien es cierto que si hubiera pleno empleo se dinamitarían las amenazas, también lo es que el superávit de hoy no evitaría los problemas estructurales del futuro, cuando habrá una persona en edad de trabajar por cada pensionista. José Ignacio Conde-Ruiz, autor de «¿Qué será de mi pensión?», asegura que ahora mismo hay posibilidades de reformar el sistema con garantías, pero advierte de que se están acabando.

Lejos de batallas ideológicas o partidistas, la reforma se terminará haciendo por una cuestión aritmética. Y cuanto más tarde se acometa se aplicará sobre trabajadores más próximos a la edad de jubilación, lo que resulta alarmante. «Es injusto cambiar las reglas del juego a la gente sin margen para adaptarse». Aun así, Conde-Ruiz confía en que se alcance un gran pacto nacional por las pensiones con un horizonte temporal de 30 años.

Entre la batería de medidas que, previsiblemente, estarán sobre la mesa de la comisión del Pacto de Toledo destacan la propuesta que efectuó Fátima Báñez para hacer compatible el cobro del 100% de la pensión con un empleo y la separación de fuentes para financiar las pensiones no contributivas.

La financiación de las pensiones, al margen de la obtención de nuevos ingresos, requiere medidas de carácter paramétrico que continúen ajustando el gasto. Conde-Ruiz valora de forma positiva la propuesta de compatibilizar pensión y salario, pero insiste en que como sociedad debemos plantearnos qué sistema queremos. «Seguramente tendremos que movernos hacia uno de cuentas nocionales en el que se tenga en cuenta lo cotizado durante toda la vida laboral, y no sólo en los últimos años, de manera que cada trabajador decidiera cuándo jubilarse. Habría una correspondencia entre lo cotizado y lo que se percibiría».

Los expertos aseguran que compatibilizar será clave e inevitable. Es una medida que respeta la libertad de aquellos jubilados capaces de iniciar una aventura empresarial o aportar su experiencia a alguna empresa, y que podría concretarse en generación de empleo. Además, afloraría la bolsa de actividades que se realizan y no se declaran para no perder la pensión, de manera que se pagaría dos veces el IRPF, a través de la nómina y mediante la prestación, con lo que continuarían cotizando y aportando recursos –los pensionistas trabajadores seguirán pagando en torno a un 8% a la Seguridad Social–.

A pesar de las voces críticas que arremeten contra el «tapón» que podría suponer para la entrada de jóvenes al mercado laboral, parece difícil que exista competencia entre ambos colectivos. Almudena Semur, coordinadora del Servicio de Estudios del IEE, opina que lo ideal sería que se entendiera la jubilación como un derecho y no como una obligación, para que todo aquel que quisiera seguir trabajando más allá de la edad legal lo pudiera hacer sin ningún problema.

Batería de medidas

Los ingresos de la Seguridad Social apenas superan los 117.000 millones, mientras que el coste de pensiones y gastos corrientes se aproxima a los 140.000. El Pacto de Toledo debe buscar vías alternativas de financiación, entre las que se encontrarían una nueva separación de las fuentes –de forma que las prestaciones de viudedad u orfandad se sufragaran con impuestos y no por medio de las cotizaciones sociales–, la creación de un impuesto finalista, destopar cotización y pensión máxima, el incremento en un punto de las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores e incluso la posibilidad de pedir un crédito a los bancos.

Semur también apostaría por un sistema de cuentas nocionales para mejorar el principio de contributividad y obtener rentabilidad de lo que se contribuye a lo largo de la vida laboral. Asimismo, fomentaría los instrumentos financieros de ahorro mediante la «hipoteca inversa», para que los propietarios de vivienda pudieran complementar su pensión pública con una renta vitalicia obtenida del préstamo que le hace a una entidad financiera. Y sugiere medidas laborales de flexibilización en aras de incrementar la productividad, que es la «única manera sostenible de mejorar los salarios y, con ello, de incrementar de forma sostenible los ingresos del sistema y los derechos de percepción contributiva del trabajador una vez esté retirado». Finalmente, fomentaría la natalidad, incluyendo bonificaciones empresariales, racionalización de horarios y mejoras en las prestaciones familiares para tratar de revertir la inversión de la pirámide poblacional.

Por su parte, Rafael Doménech, economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, remarca que en un país con una tasa del desempleo del 18,91%, la mejor forma de aumentar los ingresos de la Seguridad Social es reduciendo el paro de manera estructural y permanente. Destaca que hay que dejar que las últimas reformas efectuadas tengan plenos efectos para garantizar la sostenibilidad del sistema, y considera necesario eliminar todas aquellas bonificaciones que puedan ser sustituidas por otras alternativas más eficientes para crear más y mejor empleo, mediante cambios en la regulación que incentivaran la contratación indefinida, impulsando la convergencia de los regímenes especiales al régimen general, sustituyendo parcialmente cotizaciones sociales por impuestos indirectos, luchando contra el fraude y permitiendo compatibilizar pensión y trabajo para incrementar la recaudación.

CUENTAS NOCIONALES

Doménech recomienda converger cuanto antes a un sistema de reparto que funcione con la transparencia e incentivos de las cuentas nocionales, y que la pensión inicial se calcule en función de las contribuciones efectuadas a lo largo de la toda la carrera laboral. «Es conveniente crear cuentas individuales de capitalización de adhesión automática, con aportaciones tanto del trabajador como de las empresas, independientemente de que la gestión de esas cuentas sea pública o privada». El experto de BBVA Research explica que todas estas medidas deben permitir que la pensión media gane poder adquisitivo aunque crezca menos que el salario medio, de manera que el sistema pueda hacer frente al aumento previsto de la tasa de dependencia (pensionistas/cotizantes) sin necesidad de aumentar la presión fiscal y de reducir la contributividad del sistema.

Otras posibles medidas para garantizar la viabilidad del sistema serían la elección por parte del jubilado de las contingencias por las que desearía cotizar, la subida del coste de la prejubilación de trabajadores mayores de 50 años, la reducción del tipo marginal del IRPF sobre el ahorro, la liberalización del mercado de fondos y la mayor transparencia para conocer el importe de la pensión a cobrar en el futuro.

9,5 millones de prestaciones

La «hucha» de las pensiones se vaciará en apenas un año. El déficit de la Seguridad Social será del 1,7% del PIB y, por ende, el Fondo se quedará en números rojos. Fuentes consultadas llaman a la calma, ya que en esta «hucha» no se atesoran, ni mucho menos, todos los ingresos del sistema. La caja de la Seguridad Social registra un flujo continuo de entradas y salidas de dinero, por lo que si el Fondo se agotara tampoco supondría una catástrofe.

Desde 2011 hasta el pasado mes de octubre, el número de pensiones se ha incrementado en 581.668. Y a lo largo de esta legislatura los recursos para sufragarlas han crecido un 20%. Este mes, la Seguridad Social ha tenido que desembolsar 8.576 millones para el pago de las casi 9,5 millones de prestaciones. María Jesús Fernández, investigadora de Funcas, asegura que el déficit de la Seguridad Social se convertirá en un problema severo a partir de 2030, cuando uno de cada cuatro habitantes tendrá 65 años o más. «No quedará más remedio que actuar por el lado de los ingresos destinando parte de la recaudación de otros impuestos, ya que las cotizaciones sociales son ya elevadas, y subirlas aún más tendría un impacto negativo sobre la creación de empleo. Por otra parte, se debe controlar el aumento de las pensiones y aplicar estrictamente las condiciones de la última reforma en lo que a esto se refiere», apostilla.