¿Pueden subir las pensiones?

Los expertos advierten de que volver a la revalorización ligada al IPC tensionaría las cuentas públicas. Apuestan por retrasar la jubilación para recortar el gasto y generar más ingresos a la Seguridad Social.

Miles de pensionistas se echaron a las calles el pasado jueves para protestar por la escasa revalorización de sus pagas. Este año, han subido un 0,25%, el mínimo legal establecido en la reforma de 2013 que introdujo el factor de sostenibilidad del sistema ante el creciente aumento del gasto –cada vez más pensiones y más elevadas– y la merma de los ingresos –igual o menos recaudación de cuotas a la Seguridad Social para pagarlas–. En años de escasa inflación, este aumento puede ser suficiente para que los pensionistas ganen poder adquisitivo. Pero en ejercicios como el actual, en que la previsión es que el IPC suba cerca del 1,5%, significa que perderán capacidad de compra.

Hasta la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, era el IPC el que marcaba la revalorización de las pensiones. Recuperar este baremo es lo que reclaman los pensionistas y lo que apoyan tanto los sindicatos como el PSOE. La pregunta es si es factible echar para atrás. La respuesta de los expertos es que no sería deseable. El factor de sostenibilidad va a recortar la cuantía de las pensiones entres un 20% y un 30%, explica Paula Satrústegui, directora del Departamento de Planificación Financiera de Abante Asesores. Cerrar la brecha «incrementaría el déficit». Satrústegui cree que «mes a mes sería asumible. El problema llegaría con el pago de la extra». Tanto en julio como en diciembre, la Seguridad Social debe desembolsar el doble de dinero para abonar las pensiones. En febrero, la nómina fue de 8.925 millones, lo que significa que, en cuatro meses, gastará unos 18.000 millones. Como las cotizaciones no llegan a esa cifra, se empezó por recurrir al Fondo de Reserva, la hucha que se creó con el excedente en años de bonanza. Pero este recurso está casi agotado. Ni siquiera alcanzará para la extra de julio. Para contrarrestar ese déficit, el Estado ya ha tenido que prestar dinero a la Seguridad Social. Dicho de otro modo, las pensiones han comenzado a pagarse con los Presupuestos.

Depender de este recurso no es algo que seduzca a los expertos. «Los Presupuestos son muy políticos y uno no sabe lo que va a ocurrir», afirma Florentino Felgueroso, investigador de Fedea, un reputado «think tank». Felgueroso cree que «no se puede volver atrás sin alternativa. Y no se puede volver atrás porque los costes deben ser distribuidos». En su opinión, «hay muchos factores en contra ahora para modificar el sistema y elevarlas con el IPC. Hay salarios más bajos, lo que se traduce en menos cotizaciones; hay más pensiones, que además son más altas y duraderas... y esto mete presión al sistema». En diez años, el número de pensiones ha pasado de 8,46 millones a 9,57 millones y la nómina mensual ha subido de 6.138 millones a 8.925 millones, según datos de la Seguridad Social.

Santos Miguel Ruesga, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, asume que si se volviera a una revalorización sujeta al IPC para garantizar la «paz social» el Estado tendría cubrir el desfase contable. Y aunque no se recurra a esta opción, advierte de «hay que asumir» igualmente que, en los próximos años, habrá que gastar más dinero público en pensiones. «Como ha ocurrido en otros países, cuando el dinero de las cotizaciones no ha sido suficiente, se ha recurrido a los Presupuestos para abonar las pensiones», dice.

Por encima de la media

Pese a las quejas de los afectados sobre la cuantía de las pensiones, la realidad es que organismos como la OCDE han llamado la atención a España por tener pensiones más elevadas que la media. Según sus datos, la tasa de reemplazo –el porcentaje del último sueldo que representa la pensión– es del 82%, frente al 63% de media de la organización. Cierto es también que, en términos absolutos, la pensión media de jubilación española –1.077 euros– está lejos de la francesa –1.376 euros– o la noruega –1.592 euros–, aunque sobrepasa a la de Alemania –878 euros–.

Que el actual sistema de revalorización le pueda parecer más o menos adecuado a los expertos no significa que el modelo no necesite mejoras. Como dice Ruesga, «puede seguir funcionando, pero con ajustes». Tanto Ruesga como Felgueroso consideran que, para hacerlo más sostenible habría que actuar sobre el momento de la jubilación. Ruesga apuesta por «incrementar la edad de jubilación de forma flexible, teniendo en cuenta la esperanza de vida saludable». Casi todos los países del entorno, como Francia, Alemania, Italia o Portugal, la han retrasado. La medida tiene un efecto doblemente positivo sobre las cuentas de la Seguridad Social: garantiza más ingresos y, al mismo tiempo, aligera la nómina de las pensiones. Felgueroso apuesta por incentivar también la compatibilidad total entre trabajo y pensión. El investigador de Fedea dice, a este respecto, que es «una falacia» defender que retrasar la edad de jubilación pueda afectar al empleo juvenil.

Planes privados

Paula Satrústegui cree que, aunque el Gobierno haya recibido muchas críticas por su llamada a completar con planes privados la pensión pública, se trata de una medida casi ineludible. De hecho, considera que debería fomentar estos vehículos más. La última medida ha sido permitir el rescate de los fondos que lleven diez años en un plan a partir de 2025. Aunque algunos han advertido de que sólo servirá para que muchos con estrecheces económicas rescaten su dinero, Satrústegui cree que los que no estén en una situación límite no tirarán de estos fondos. «El desembolso que tendrían que hacer en concepto de impuestos sería muy elevado», argumenta.

¿Y qué se puede hacer por la parte de los ingresos? Lo evidente, según los expertos, es mejorar el mercado laboral para generar más cotizaciones. Esto es, alcanzar el pleno empleo, eliminar la precariedad laboral para incrementar la natalidad y mejorar la educación para aumentar la tasa de crecimiento de la productividad y los ingresos del sistema de pensiones. Con todo y con eso, Juan Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea, advierte en su trabajo «Medidas para restaurar (o no) la sostenibilidad financiera de las pensiones», vuelve a la casilla de salida: la tasa de sustitución de las pensiones tendrá que disminuir.