Quien no puede filtrar es Hacienda

Revelado que Ayuso no mintió cuando dijo que a su pareja le debía dinero Hacienda, ahora la consigna sincronizada contra ella es que la presidenta de la Comunidad de Madrid está filtrando información confidencial, cuando eso es algo que no le está permitido a los cargos públicos. Argumento esotérico para tapar lo que ya es una evidencia: Ayuso no mintió, la ministra y su corte sí. Pero es que, además, quien tiene la obligación de no hacer público dato alguno de un ciudadano de a pie es la señora Montero, que cinco horas antes de que aparecieran las noticias ya se hizo eco de ellas, como si estuviesen publicadas. Quien debe proteger la contabilidad fiscal de las personas es Hacienda, bajo amenaza de sanción “muy grave”, caso de incumplimiento de la Ley General Tributaria, amén de expulsión del cargo y hasta cuatro años de prisión. Eso lo sabe Montero, y también Bolaños y Sánchez. Y son justamente los ciudadanos los que sí tienen la potestad de hacer públicos sus datos, si quieren, pues ninguna norma lo impide. Por tanto, el novio de Ayuso, un ciudadano apellidado González Amador, sí puede filtrar, como ha hecho, que Hacienda le ha dado una orden firmada a la Tesorería del Estado para que le devuelva 552.261,96 euros, relativa al Impuesto de Sociedades de 2022, cuando su empresa, Maxwell Cremona, abonó 629.408,67 euros, en lugar de los 77.156,71 que le correspondían. Luego sí le reclaman 340.000 por los ejercicios anteriores, pero le tienen que devolver 552.000, aún cuenta con un saldo favorable de 221.000 euros. O sea, lo que dijo Ayuso.