Rebelión interna contra Linde por el «caso Bankia»

Al gobernador del Banco de España se le amontonan los frentes abiertos tanto dentro de la institución monetaria (después de que varios ex altos cargos tengan que declarar ante el juez Fernando Andreu por la salida a Bolsa de Bankia), como fuera, tras decir que retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años sería beneficioso en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, el miércoles. Ayer, para concluir una semana que Luis Linde difícilmente olvidará con facilidad, un grupo de trabajadores de la sede central del banco en Madrid enviaron al gobernador un comunicado en el que expresan su rechazo a la recogida de firmas a favor de los directivos investigados por la salida a Bolsa de Bankia y que el pasado lunes dimitieron, Mariano Herrera, Pedro Comín y Pedro González. Además de estos tres directivos del área de Supervisión, la de mayor peso en el Banco de España, están llamados a declarar el próximo mes de marzo, los ex subgobernadores Javier Aríztegui y Fernando Restoy, y el ex presidente de la CNMV, Julio Segura. Dos comunicados emitidos desde la institución, otro recibido, tres dimisiones derivadas de una investigación judicial y una polémica (por su interpretación) comparecencia en el Congreso son demasiado ruido mediático para una sola semana.

El comunicado del Banco de España emitido el miércoles ha sido el detonante del malestar que se vive en la institución monetaria. En las apenas nueve líneas de texto –aún puede leerse en la web del Banco de España– se desmentía «del modo más rotundo» que desde la cúpula del regulador se hubiera promovido «una recogida de firmas expresando apoyo y solidaridad con los empleados que han renunciado a sus cargos y que van a ser llamados a declarar como investigados en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la salida de Bankia a Bolsa, en 2011».

El escueto texto finalizaba mostrando «comprensión» en la iniciativa promovida por algunos miembros de la Dirección General de Supervisión y reiterando que en la misma no habían participado «de ningún modo ni los órganos rectores del Banco de España, ni la alta administración».

Este segundo y último párrafo ha podido ser el detonante de que todo el colectivo de trabajadores del cuartel general del Banco de España en Madrid dirigieran ayer un escrito en el que expresan su rechazo a la recogida de firmas y reclaman a la cúpula del banco que depure las responsabilidades correspondientes, máxime teniendo en cuenta que la salida a Bolsa de Bankia se encuentra ya dentro del ámbito judicial.

La recogida de firmas de apoyo a los investigados por la Audiencia Nacional ha sido promovida desde el departamento de Supervisión. Algunas fuentes aseguran que la operación de apoyo a los tres dimitidos trata de encubrir una batalla por la sucesión en uno de los departamentos más importantes, si no el que más, del regulador bancario. Un ajuste de cuentas en definitiva amparado por el estallido del caso. Para ocupar el puesto de los dimitidos se barajan los nombres de Francisco Monzón, Javier del Río, ambos jefes de inspección de diferentes tipos de bancos españoles, y de Luis Olmeda, ahora al frente del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Este problema le ha estallado a Luis Linde a poco más de un año de que expire su mandato de seis al frente del Banco de España, adonde llegó en junio de 2012. Linde ha defendido en todo momento el papel de la institución durante la crisis bancaria que comenzó en marzo de 2009, cuando el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, en el Gobierno de Zapatero, intervino Caja Castilla-La Mancha para garantizar los ahorros de sus clientes. Fue la primera caja de ahorros que cayó. Desde entonces, el mapa de lo que en su momento fue la mitad del sistema financiero español ha cambiado, hasta el punto de que hoy sólo funcionan en España con esa figura jurídica dos cajas (Ontinyent y Pollença).

En su comunicado, la comisión ejecutiva del Banco de España manifestó por unanimidad «su plena confianza en todos los responsables del Banco de España a los que afecta el acuerdo de la Audiencia Nacional» y aseguró que el proceso de constitución y recapitalización de BFA-Bankia se ajustó en todo momento al cumplimiento de la normativa, a la defensa de la estabilidad financiera y al interés general».