Récord de recaudación de la Seguridad Social: 10.281 millones

Báñez defendió ayer que los pensionistas no han perdido poder de compra, pero admitió que el alza del 0,25% es «moderada».

La ministra de Empleo y Seguridad Social anunció ayer que la recaudación líquida de la Seguridad Social alcanzará en el mes de marzo los 10.281 millones de euros, «la tasa más alta de toda la serie histórica de la recaudación líquida total». En vísperas de la reunión del Pacto de Toledo en el Congreso, Báñez remarcó durante al sesión de control al Gobierno en el Senado que con este dato España encadenará ocho meses consecutivos de crecimiento sostenido de la recaudación líquida del sistema de Seguridad Social por encima de los 10.000 millones de euros mensuales.

Según los datos de Empleo, entre enero y marzo se han recaudado más de 1.400 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior. «Seguimos sumando, con más y mejores empleos y con más y mejores pensiones en España», indicó la ministra. Báñez atribuyó el récord de recaudación a la mejora en la calidad del empleo. «Los mejores empleos han supuesto unos ingresos por cuotas que crecen a un ritmo del 6,2%».

Pese a los buenos datos, la Seguridad Social se encamina en 2018 a otro año de déficit récord. El pasado año ya batió su propia marca con un desajuste de 18.800 millones como consecuencia de los gastos añadidos que debe soportar el sistema al margen de los gastos de la creciente nómina de las pensiones, que supusieron 139.647 millones en 2017 (90.000 millones en 2011) y que en enero y febrero crecieron a un ritmo superior al 3% con respecto a los mismos meses del año precedente, y rozan ya los 9.000 millones mensuales y creciendo, con una ratio de 2,24 cotizantes por cada pensión.

Según estos datos, con la actual progresión la desviación del sistema estaría al menos controlada si no fuera por las cargas adicionales que financia la Seguridad Social, como las políticas activas de empleo –«tarifas planas» y deducciones de las cotizaciones» o los gastos corrientes de los organismos de la Seguridad Social que no asumen los Presupuestos del Estado.

Estos asuntos serán tratados hoy por la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, en el que la brecha entre la oposición y el Gobierno quedó patente en su última y tumultuaria reunión. Sin embargo, la presión de los jubilados en la calle ante la pérdida de poder adquisitivo del pasado ejercicio, cuando la aplicación de la revalorización mínima del 0,25% que aprobó el Ejecutivo en 2013 fue insuficiente frente al alza del 2% de los precios, obgliga al Ejecutivo a mover ficha.

Aunque el Gobierno defiende que los pensionistas sólo han perdido poder de compra notable en el último ejercicio (-1,75%) mientras que entre 2014 y 2017 apenas perdieron un 0,10%. La propia Báñez recordó ayer que la brecha de pobreza en las pensiones ha bajado 11 puntos, del 17% al 6%, el Ejecutivo reconoce que es hora de ampliar la «moderada» subida del 0,25% anual.

Para empezar, el Gobierno aumentará la base reguladora de la pensión de viudedad del 52% al 60% en 2019 lo que se traducirá en un incremento de la pensión inicial del 1,92% para este año y del 15,38% para 2019 y ejercicios posteriores, como adelantó este diario. Esto supondrá un aumento del gasto de 175,09 millones en 2018 y una reducción del coste en complementos a mínimos de casi 68,3 millones. A partir de 2019, el coste será de 1.381,7 millones adicionales, aunque el Estado se ahorrará 493,7 millones en complementos a mínimos.

El Ejecutivo descarta volver a vincular la subida de todas las pensiones a las oscilaciones del IPC como reclama la oposición, pero estudia otras medidas como una rebaja fiscal destinada a los mayores de 80 años, como publicó LA RAZÓN el pasado sábado. El mecanismo sería un impuesto negativo. Si las ayudas ascendieran a los 100 euros de otras deducciones similares, el montante podría alcanzar de arranque los 3.400 millones de euros para 2,8 millones de mayores de 80 años.