Rescatar las autopistas de peaje costará al Estado 4.300 millones

Por fin se vislumbra una solución para los problemas de las nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores. Sin embargo, este desenlace parece ser que no va a terminar de contentar a ninguna de las partes implicadas, sino todo lo contrario: va a suponer importantes esfuerzos tanto para el Estado como para las concesionarias y la banca acreedora.

Por fin se vislumbra una solución para los problemas de las nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores. Sin embargo, este desenlace parece ser que no va a terminar de contentar a ninguna de las partes implicadas, sino todo lo contrario: va a suponer importantes esfuerzos tanto para el Estado como para las concesionarias y la banca acreedora.

«La solución para las autopistas no costará un euro al ciudadano», ha repetido numerosas veces el Ministerio de Fomento. «Tampoco tendrá impacto en el déficit público», decía. La realidad es que el coste de rescatar a estas vías en problemas ascenderá finalmente a 4.320 millones de euros, eso sí, a pagar en treinta años. Los peores augurios del Ejecutivo apuntaban a un coste de 5.200 millones de euros; los más optimistas, apenas 1.000 millones.

El Gobierno planteó ayer, en una reunión con representantes de Fomento y de Hacienda, así como de los seis grandes bancos afectados –BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank, Sabadell y Popular– y de Seopan, la patronal de las constructoras y concesionarias, integrar las autopistas en problemas en una nueva sociedad pública. Esta empresa asumiría la deuda de estas vías con los bancos, aunque con un alto coste para las entidades: tendrán que aceptar una quita del 50% de la deuda que soportan con las concesionarias. En la práctica, una pérdida de alrededor de 1.900 millones de euros, que, según dijeron a LA RAZÓN fuentes financieras, «es un palo muy gordo».

Hasta el lunes para decidir

La banca tiene hasta el próximo lunes para decidir si acepta o no la propuesta del Ejecutivo de Rajoy, si bien señalan que «puede que no haya otra opción». La única alternativa entonces sería la liquidación de las concesiones, algo que parece que no desean ni el Estado ni los bancos: el primero, porque supondría un enorme fiasco político, además de un coste económico de más de 5.000 millones de euros. Las autopistas de peaje –sobre todo las radiales de acceso a Madrid– fueron una apuesta del Gobierno de Aznar, y con la liquidación se verían obligadas a cerrar. Eso si no se termina en los juzgados con las concesionarias, que dicen haber perdido ya 1.800 millones. Los segundos, porque perderían entonces toda posibilidad de recuperar ese 50% que al menos les ofrece el Estado para salvar el problema.

De los 3.800 millones de euros que acumulan de deuda las nueve autopistas –las cuatro radiales de Madrid, la que une la capital con Barajas y Toledo, la vía Ocaña-La Roda, la autopista Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante–, el Gobierno sólo le devolvería a los bancos 2.400 millones de euros. Además, la forma de pago se dilatará en el tiempo: un «pagaré» con vencimiento dentro de treinta años. Como compensación, los bancos recibirían una rentabilidad anual del 1% de esa deuda, unos 24 millones de euros anuales. No obstante, esta cantidad resulta muy inferior a la que paga el mercado por una emisión a este plazo: en una subasta de Tesoro similar llevada a cabo el pasado mes de febrero, la rentabilidad quedó fijada en el 4,54%.

En conjunto, esto supondría una quita del 36%. A esta cantidad habría que sumar el coste adicional que implica alargar hasta dentro de treinta años la recuperación de ese dinero, con una rentabilidad muy inferior a la que obtendría en el mercado. Esto elevaría la quita final para la banca hasta cerca del 50% del capital prestado para la construcción de las autopistas.

Al dilatar el pago hasta dentro de tres decenios, el impacto en el déficit público actual sería muy limitado: sólo el coste de los intereses. Sin embargo, sí que computaría como déficit dentro de treinta años, cuando haya que pagar los 2.400 millones que se les reconocen a los bancos. Eso si no se amortizan antes.

Asimismo, la nueva sociedad pública deberá asumir los 1.200 millones de euros de deuda a raíz de las expropiaciones de los terrenos donde se levantaron las autopistas. La inmensa mayoría de propietarios de ese suelo aún no ha visto un euro, y ese gasto deberá ser también asumido por el Estado. Lo que falta por saber es la forma de pago y los plazos. Entre los intereses del 1% a pagar a la banca acreedora a lo largo de treinta años –unos 720 millones de euros–, los 2.400 millones que asumirá el Estado de deuda y los 1.200 millones de las expropiaciones, en total el coste para las arcas públicas superará los 4.300 millones de euros.

La nueva empresa pública de autopistas tendría finalmente un 100% de titularidad estatal, y no cedería un 20% a las concesionarias de las vías, tal como se planteó en un principio. Esta empresa nacional de autopistas integraría a nueve empresas concesionarias que suman 748 kilómetros de autopistas, el 22% de la actual red de pago.