Lo del PIB es culpa de un virus

El Gobierno ha admitido que no podrá cumplir el acuerdo presupuestario comprometido con la Comisión Europea para 2020. Las previsiones de ingresos caen, el gasto público crece y el panorama del mercado laboral se nubla. A falta de cerrar los datos de 2019, ya podemos adelantar que, por primera vez desde 2012, las arcas del Estado han visto disminuir sus ingresos con respecto a las obligaciones de pago. Para el ejercicio que comienza, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, calcula que el desfase entre ingresos y gastos se incrementará en 22.400 millones de euros, lo que supone elevar el conjunto del déficit hasta el 1,8 por ciento del PIB, frente al 1,1 pactado con Bruselas hace sólo cuatro meses. La vicepresidenta Calviño se excusó ayer en que «han surgido nuevas amenazas de tipo geopolítico e, incluso, sanitario, en un contexto internacional relativamente volátil que nos hace ver el escenario desde el principio de prudencia». Es decir, que la infección del coronavirus, cuya incidencia en los mercados internacionales nadie puede estimar con un mínimo de seriedad, ha pasado a engrosar el arsenal de justificaciones de este Gobierno, por otra parte, ducho en echar balones fuera y buscar culpables ajenos. Con la ventaja de que, en esta ocasión, y a diferencia de los agricultores, el coronavirus no puede defenderse. Ironías aparte, el Ejecutivo de coalición se reserva la parte del león del nuevo techo de gasto –para sus «políticas sociales»–, mientras deja las sobras a las Comunidades Autónomas que, no lo olvidemos, son las que corren con los gastos crecientes de Sanidad, Educación y Dependencia. Por último, la vicepresidenta Calviño se acoge a la previsión gubernamental de que el consumo interno privado crecerá el 1,5 por ciento, lo que no deja de ser un exceso de optimismo ante un mercado de trabajo que, según el mismo Gobierno, perderá seis décimas de crecimiento y no podrá reducir la tasa de paro por debajo del 13,6 por ciento. Alguien, pues, está fuera de la realidad y no son , precisamente, los analistas económicos y financieros que vienen alertando de las consecuencias negativas de la actual política de expansión del gasto. Incluso suponiendo, como hace el Gabinete que preside Pedro Sánchez, que nos acercamos a un ciclo económico expansivo, lo que se contradice abiertamente con las excusas de la vicepresidenta Calviño de que nos encontramos en un contexto internacional volátil, las previsiones de crecimiento más optimistas no cubren el gasto fiscal previsto, que no deja de crecer: entre 2018 y 2019 el techo de gasto subió un 4,4 por ciento, y entre 2019 y 2020 se prevé que suba otro 3,8 por ciento. Con todo, lo peor es que la posibilidad de que los ingresos del Estado aumenten por la vía natural de una mayor actividad económica se desvanece cada vez que un sector productivo español, ya sea la industria del automóvil, la agricultura o la construcción, hace públicas unas cifras que van claramente a la baja. No es casualidad que los últimos datos del mercado de trabajo referidos a enero hayan sido los peores desde que comenzó tímidamente le recuperación en 2013. Por lo tanto, el Gobierno de coalición tendrá que incrementar la presión fiscal sobre el conjunto de la población española, pero, especialmente, sobre las empresas y la clase media. Y no hablamos de subidas impositivas «verdes» o de gravar aún más el clásico trío del combustible, el tabaco y el alcohol, porque son partidas que no cubren ni de lejos el presunto «gasto social» anunciado. Sólo el IRPF y el impuesto de sociedades, ya que el IVA se considera un tabú, operan con fuerza al hablar de ingresos fiscales. Parece que, una vez más, un Gobierno de izquierdas va a llevarnos, por el camino de la demagogia, hacia un escenario conocido.