Derecho a la protesta con límites

La ciudadanía soporta desde hace dos meses no sólo el acecho de un virus letal que está arrebatando miles de vidas y buena parte de la prosperidad y el futuro de las familias, sino la suspensión de facto de derechos fundamentales garantizados en la Constitución. Es un hecho que el Estado de Alarma, que el Ejecutivo pretende mantener sine die mientras la agonía de las economías domésticas y empresariales continúa, ha privado a los españoles de la libertad de movimiento, concentración o manifestación con la excusa y el paraguas de esa legislación excepcional.

Una corriente mayoritaria entre los juristas nacionales ha expresado sus reservas, cuando no su disconformidad, con este lectura arbitraria de la regulación por parte del gabinete socialcomunista que considera una extralimitación sin cobertura legal. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, cuestionó ayer en una entrevista en Onda Cero que el Gobierno use el estado de alarma para algo que no le permite la Carta Magna, ya que esta figura admite «limitar derechos pero no suspenderlos» e incidió en que, en su opinión, actualmente los españoles tienen «suspendidos algunos fundamentales».

El propio Parlamento Europeo ha concluido en un informe sobre la batería normativa utilizada en esta pandemia que solo nuestro país, entre los analizados, no se ha enfrentado al contagio a través de la legislación ordinaria y ha definido como «invasivas» algunas de las actuaciones acometidas. La nefasta gestión de la crisis, con más de 27.000 muertos y casi 230.000 contagiados, según las cifras oficiales, ha disparado el descontento y el hartazgo en una sociedad que asiste entre aturdida e inquieta a la incompetencia y el abuso. Pretender que la hibernación que defendía Pedro Sánchez mantenga aletargada la capacidad del gobernado de manifestar la desaprobación o la queja sobre el trabajo de sus gobernantes sería reducir la democracia a un mero espejismo, un decorado de cartón piedra.

Durante las últimas semanas, las caceroladas contra la labor del Ejecutivo se han dejado sentir cada día más mayoritarias y ruidosas en las principales ciudades de España. En Madrid, pero no solo, coincidiendo con la desescalada, se ha sumado la protesta de vecinos en algunas calles céntricas de la capital, que, también es cierto, van a más. La respuesta de las autoridades podía haber sido más proporcional y empática con las personas que permanecen ya más de dos meses enclaustradas mientras sus problemas crecen, y cuyas emociones a veces se desbordan.

La presencia desproporcionada de la Policía no ayudó. Es cierto que el Estado de Alarma impone unos límites que no deben ser vulnerados y que concurrieron unas decenas de personas en la vía pública sin respetar el distanciamiento social que recomienda el sentido común e impone la disposición legal en vigor. La protesta de los ciudadanos contra este Ejecutivo está cargada de razones, tantas como negligencias y falsedades acumula en su haber en la gobernanza de esta crisis, pero esa censura pública tiene que ser compatible con las restricciones del estado de alarma por injustas y abusivas que parezcan. El 8-M fue un error capital del gabinete socialcomunista y cualquier otra similar movilización callejera lo sería hoy.

En cualquier caso, la izquierda carece de la autoridad moral para criminalizar comportamientos de ciudadanos estafados, que lo único que denota es una hipocresía política y moral oceánica. Los maestros de la agitación callejera y del colaboracionismo en conductas delictivas pueden hablar y mucho sobre las algaradas en la jornada de reflexión tras el 11-M, los tumultos en Cataluña, los cortes de carreteras y de tráfico, las barricadas, los «rodea el Congreso»... Lo que toca ahora es que los españoles recuperen cuanto antes el ejercicio de todos sus derechos y se ponga fin a este periodo de trazo despótico.