Pedro Sánchez no lo puede hacer peor

Las manoseadas expresiones «mando único», «coordinación», «estrategia conjunta», «unidad de acción», «cogobernanza» y otras del mismo cariz, que han sido el eje de la machacona propaganda gubernamental durante estos meses trágicos, adquieren un tono sarcástico ante el último vodevil representado por el Gobierno a cuenta de la aprobación de la quinta prórroga del estado de alarma. Vaya por delante, para tranquilidad de la opinión pública, si es que eso es posible, que el acuerdo resuelto entre el PSOE, Unidas Podemos y el partido de ETA lleva la firma de actores secundarios dentro de sus respectivas formaciones a quienes no parece que sea demasiado costoso, en términos políticos, desautorizar. Con ello, no queremos restar un ápice de importancia al suceso, pero sí aconsejar la salida más evidente para un Gobierno que, por los hechos, no es capaz de prever las consecuencias de sus decisiones.

Aunque, seguramente, al hablar de Gobierno, en genérico, estamos incurriendo en un error, puesto que la mayoría de los ministros que conforman el Gabinete, al menos los del ala socialista, desconocían un acuerdo que, por utilizar un adjetivo familiar al asunto, no podía ser más lesivo a los intereses generales de los españoles. Tal es así, que hasta la propia Adriana Lastra, la firmante por el PSOE, tuvo que matizar ayer el alcance del pacto, como si las palabras «derogación integral» se hubieran colado en el texto en un tonto despiste de su redactores. Y no es así. Lo que ha sucedido no es más que la deriva lógica del acuerdo de investidura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, que fue acordado con las formaciones más radicales del panorama político español, cuyos presupuestos ideológicos sólo entienden la acción de gobierno como instrumento, uno más, de un proceso objetivamente revolucionario que dinamite los basamentos de la actual democracia española, tanto en lo que se refiere al modelo económico y social, que es el de una Nación de corte occidental, como en lo que atañe a su integridad territorial.

Estos son los socios de Pedro Sánchez, de quienes depende parlamentariamente y cuyos objetivos políticos sólo coinciden en el utilitarismo de lo inmediato. Son, por supuesto, los socios que eligió el PSOE para encumbrar a su secretario general, por más que algunos destacados socialistas intenten transferir la responsabilidad a la oposición, como si hubieran sido empujados contra su voluntad a las malas compañías. No hay, pues, más novedad en esta situación de tira y afloja, de contorsionismo permanente, en la que se haya el presidente del Gobierno que la última demostración de oportunismo de su coaligado, Pablo Iglesias, siempre atento a la hora de llevar a los socialistas al límite de sus contradicciones.

Porque sabe perfectamente el líder de Unidas Podemos que la derogación integral de la actual legislación laboral son palabras mayores, como ha demostrado la fulminante reacción del sector empresarial, la críticas veladas de Bruselas y las claras advertencias de las agencias internacionales de calificación de la deuda española. La reforma laboral que impulsó el anterior Gobierno popular no sólo vino dada por la necesidad de hacer frente a la crisis financiera de 2008, sino que, a la postre, resultó providencial para el mercado de trabajo –salvó más de un millón y medio de empleos– y para la supervivencia y mejora de la competitividad de las empresas, hasta el punto que se dio la vuelta a la balanza comercial de nuestro país. De hecho, instrumentos como los ERTE no existirían sin esta legislación. Cualquier reforma de esta ley, que toca de lleno al tejido productivo español, exigiría reflexión, acuerdo y contexto, tres condiciones que, por lo visto en estos últimos días, no parecen hallarse entre las virtudes del actual Gobierno, que ya no lo puede hacer peor.