La mesa de un diálogo imposible

Como las golondrinas en primavera, ha vuelto al agitado panorama político la «mesa de diálogo» entre el Gobierno de la nación y la Generalitat de Cataluña. Ha sido, por supuesto, a raíz del encuentro en La Moncloa entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el portavoz parlamentario de ERC, uno de sus socios claves en la investidura, para quien esa negociación bilateral, aunque sea sólo un acto formal, podrá servir de coartada ante sus electores, una vez que parece claro que, tras la suma del factor Ciudadanos en la ecuación, el concurso de los separatistas catalanes ha dejado de ser decisivo para mantener la estabilidad del Gabinete socialcomunista.

De hecho, pudimos apreciar en la intervención posterior a la reunión del diputado Gabriel Rufián la oferta de abrir una «vía vasca» en el Principado, que salve el impasse en el que se halla la política catalana. No se entiende de otra manera la frase de Rufián «entre la fantasía y el mientras tanto, nosotros aspiramos a gestionar el mientras tanto», en referencia a la estrategia de confrontación institucional de la antigua Convergència, con un presidente como Joaquìm Torra bajo la espada de Damocles del Tribunal Supremo. En estas circunstancias, que el portavoz de la Esquerra insistiera en la demanda de amnistía y referéndum de independencia, –con una referencia grosera por falaz a la que se produjo en la Transición– carece de importancia, puesto que son dos demandas de imposible cumplimiento por parte de un gobierno español, de cualquier gobierno, incluso, aunque, en el primer caso, se intentara por el camino menor del indulto. En este sentido, la reacción fulminante de los tribunales ante la excarcelación encubierta de los condenados por el procés debería servir de aviso a navegantes. Así la cosas, o la mesa de diálogo se limita a una escenificación sin mayor trascendencia a los efectos jurídicos que protege la Constitución o lleva, una vez más, a una situación imposible.

De ello, faltaría más, es perfectamente consciente el Ejecutivo, empeñado en desvincular la demanda del separatismo catalán de las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que es el objetivo principal del presente ejercicio político. Ciertamente, que el veto cruzado entre ERC y Ciudadanos, inevitable desde las respectivas posiciones ideológicas, puede ejercer un efecto de arrastre sobre Unidas Podemos no deja de preocupar a los estrategas monclovitas, pero la alternativa es la vuelta al programa de coalición, con unas cuentas públicas expansivas en el gasto y mayor presión fiscal sobre las empresas y las clases medias trabajadoras, que, sencillamente, España no se puede permitir, mucho menos, cuando ha de hacer frente al rescate europeo, que, a pesar del optimismo gubernamental, condiciona las ayudas a la sostenibilidad presupuestaria.

En realidad, y aunque el tiempo apremia, el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha salido del ámbito de las hipótesis, mayormente declarativo, que dificulta cualquier análisis. Hasta que no se ponga sobre el papel, negro sobre blanco, las líneas maestras del proyecto de PGE, con el techo de gasto y el cálculo de los ingresos fiscales que se pretenden obtener, todo se escapa en especulaciones, inútiles, por más que permitan a Inés Arrimadas y Pablo Iglesias mantener sus discursos. En definitiva, la «mesa de diálogo», se celebre el 15 de septiembre o tras unas elecciones autonómicas catalanas, carece de virtualidad, pero la opinión pública no debería perder de vista las derivadas políticas del engendro y actuar en consecuencia. Porque, con independencia de intencionalidades que no vamos a juzgar, supone dar carta de naturaleza a la ficción de un Gobierno autónomo en pie de igualdad con el Ejecutivo de la nación. Algo, insistimos, imposible de articular y que ataca a la soberanía popular.