Una fusión que beneficia a España

El anuncio de que CaixaBank y Bankia negocian su fusión para crear la mayor entidad bancaria de España es, bajo cualquier consideración, una buena noticia que trasciende el marco económico. Si algo nos ha enseñado la pasada crisis mundial, es que un país debe tener un tejido empresarial potente, que apueste por las nuevas tecnologías, y que este objetivo solo es posible si se apoya sobre una red financiera con el músculo suficiente para impulsar las enormes inversiones que se necesitan. Es una fusión que, además, cuenta con la experiencia de gestión, excelente en el caso de la Caixa, y que aportará innegables sinergias en un mercado difícil, demasiado tiempo tensionado por las políticas de tipos bajos y los excesos regulatorios de capital, y que, además, sufre las consecuencias del desplome económico causado por la pandemia del coronavirus.

No es, por supuesto, no pretende serlo, una fusión entre iguales, porque las entidades implicadas parten de situaciones distintas y así se verá reflejado en la composición del nuevo consejo director, con un presidente a efectos honoríficos, José Ignacio Goirigolzarri, y un equipo de mando efectivo con Isidro Fainé, presidente de la Fundación la Caixa y que, por lo tanto, seguirá siendo el principal accionista de la nueva entidad, y con el actual consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Hablamos de un banco resultante que tendrá un valor de 650.000 millones de euros, con el peso suficiente para abordar las estrategias expansivas que considere adecuadas, incluso, compitiendo en el terreno internacional. No escapa a nadie ni la trascendencia de las cifras ni el potencial de crecimiento que significan, como demuestra la fuerte subida en el mercado de las acciones de ambas compañías.

De ahí que resulten incomprensibles las reacciones negativas de la izquierda española, especialmente la de Unidas Podemos, formación que forma parte del Gobierno, que sólo pueden interpretarse desde el error conceptual. Pretender que el Estado, que tuvo que acudir al auxilio de unas cajas de ahorro de titularidad pública, con consejos de administración trufados de políticos por designación de cuota, va a verse perjudicado por una operación que, de tener éxito, y estamos seguros de que lo tendrá, va a multiplicar el valor de todos los activos, incluida, por supuesto, la inversión pública del rescate bancario, es inscribirse voluntariamente en una realidad paralela. Porque se puede oponer toda la casuística que se quiera, hay abundancia de ejemplos, cierto, pero nadie que no actúe cegado por la ideología puede defender que el modelo estatalizador del crédito ofrece ventaja alguna frente al libre mercado de servicios y capitales, sujeto a las férreas leyes de una competencia cada vez más global y, por tanto, con más garantías de eficiencia y seguridad para los intereses de los ciudadanos, de las empresas y, en definitiva, del conjunto del cuerpo social.

Ya hay suficientes organismos reguladores de la actividad bancaria, nacionales e internacionales, que velan por el recto cumplimiento de unas normas basadas, todo hay que decirlo, en demasiadas ocasiones en el principio de la sospecha. No es eso lo que necesitan las sociedades modernas para prosperar, por más que aún existan políticos como Pablo Iglesias, anclados en conceptos estatalistas cuyos resultados prácticos se traducen en fracasos, casi siempre con aromas de nepotismo y conflicto de intereses. Entendemos que la pretensión de hacerse con una banca pública impulsora de no se sabe bien qué inversiones sociales, formara parte del convenio de coalición que firmaron el PSOE y la formación morada. Pero, como en otras muchas cuestiones, debemos alegrarnos de que una parte del Ejecutivo mantenga la sensatez. España necesita grandes bancos. Cuanto más fuertes y solventes, mejor. Porque el desafío es, nadie lo dude, a escala mundial.