Una ley de ruptura, contra la Transición

Estamos ante un texto legal confuso, que supone una amenaza para las libertades

Si bien no deja ser chocante que un Gobierno compuesto por dos de los partidos políticos españoles que más corresponsabilidad tuvieron en la tragedia española de 1936 pretenda reescribir la historia a la medida de sus intereses políticos, lo que realmente importa son los efectos que esa Ley de Memoria Democrática puedan tener sobre los derechos y las libertades de los ciudadanos que hoy habitan en una de las democracias más ejemplares de Europa. No es cuestión, por lo tanto, de entrar a discutir las motivaciones de una iniciativa legislativa que, curiosamente, sortea la doctrina del Parlamento Europeo sobre el comunismo, que lo equipara al nazismo como sistema totalitario y nefasto, sino de advertir de que nos hallamos ante la continuación de la estrategia de ruptura y desvalorización del proceso de la Transición que llevan a cabo la izquierda populista y los partidos nacionalistas desde hace más de una década.

Una estrategia, todo hay que decirlo, que apenas encuentra eco en una opinión pública española poco proclive a secundar batallas pasadas y frente a una oposición de centro derecha a la que se pretende vincular con el régimen de Francisco Franco, como instrumento deslegitimador. Dicho esto, pueden socialista y comunistas ponerse a ganar la guerra civil, hay distopías menos interesantes, pero no es admisible que en el proceso de reelaboración de la historia se conculquen derechos individuales o colectivos ni, por supuesto, se atenten contra principios como la seguridad jurídica, entre los que se encuentra la irretroactividad de las leyes penales. Los actos meramente simbólicos, como la anulación de los consejos de guerra por los tribunales franquistas o la reparación de las víctimas, algo que ya se hizo en la Transición cuando muchos de los perjudicados aún seguían vivos, carecen de la menor trascendencia, al menos, mientras no se conviertan en una vía paralela de financiación de partidos políticos o de asociaciones clientelares.

No así, la amenaza que supone un articulado confuso para la libertad de cátedra, de opinión, de expresión y de propiedad. También para la acción política y para la retorsión de los derechos de la Iglesia. Porque, en efecto, nos preocupa que el revisionismo pueda llevar a enjuiciamientos personales sobrevenidos, prescritos por el tiempo y el corpus legal de la Transición, que incluye una ley de amnistía que fue, y ahí no conviene perder la memoria, una de las principales exigencias de la izquierda española y del nacionalismo tras la muerte del dictador. En último caso, tendrán que ser los tribunales, españoles y europeos, quienes tengan la última palabra. Para lo demás, ahí están los archivos históricos y los libros de memorias, que son muchos, de quienes nos precedieron.