Estrategia de asalto al Poder Judicial

«O la democracia es la división de poderes o no existe como tal régimen de libertad»

El Rey no presidirá hoy en Barcelona la entrega de despachos a los integrantes de la última promoción de la Escuela Judicial. El Gobierno forzó una ausencia no sólo que quebraba de facto un código fundamental de la institucionalidad democrática, sino incluso un valor crítico del espíritu constitucional en el que se fundamenta nuestro ordenamiento y por tanto nuestra convivencia. El artículo 117.1 de la Carta Magna explicita que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. La presencia de Don Felipe no revestía un carácter anecdótico o trivial, sino un ejercicio de hondo simbolismo que servía para revalidar anualmente esa doble de alguna manera legitimidad y encaje del papel de los jueces en nuestro sistema. El malestar provocado en la carrera por la arbitrariedad del presidente del Gobierno, que es el único que puede ordenar esta exclusión, quedó ayer escenificado públicamente en la discusión en el seno del Consejo General del Poder Judicial entre partidarios y detractores de un pronunciamiento como órgano de gobierno de la magistratura contra un flagrante abuso de poder contra la Corona y el propio colectivo togado. Seis vocales expresaron por escrito su censura al desplante, pero no hubo mayoría en la Comisión Permanente del CGPJ para emitir una declaración institucional al respecto. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se comprometió a dejar constancia en su discurso de hoy del desazón causado por la censura al Rey. Estamos ante un episodio de enorme dimensión envuelto en esa dinámica emprendida por este Ejecutivo bicéfalo de precarizar y horadar al resto de instituciones del Estado y otras entidades de la vida civil que le puedan hacer sombra o estén en condiciones de convertirse en un obstáculo. Nada sucede por casualidad. Los embates a los jueces, la inoculación de la cizaña que genere fractura interna y por ende fragilidad corporativa sirven a ese fin ejecutivo de controlar o influir en todos los resortes del Estado para hacer real la sentencia del vicepresidente Iglesias a la oposición en sede parlamentaria: «Nunca volverán al Consejo de Ministros». Se arrincona al Rey para diluir su ascendencia sobre una ciudadanía que lo admira, al igual que se mediatiza hasta intoxicar el medio judicial con bastonazos despóticos o comisariados políticos en la Fiscalía –«se ha generado el mayor descrédito de la Carrera en cuarenta años», denunció ayer la mayoritaria Asociación de Fiscales–. Hay una carrera en marcha por la okupación de la esfera pública desde la izquierda que se cree hoy omnímoda. Es preciso denunciarla y combatirla con los instrumentos que el Estado de Derecho dispone. O la democracia es la división de poderes o es un monigote en manos del gobierno de turno para someter al ciudadano libre.