Ocultar a los inmigrantes no es la solución

La única diferencia apreciable en la gestión de la oleada de inmigración sufrida este año por Canarias y otras anteriores de similar magnitud está, con todas las salvedades que se quieran hacer, en la incomprensible política adoptada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya estrategia para el control de la crisis o, mejor dicho, la falta de ella, ha llevado al espectáculo del lamentable hacinamiento del muelle de Arguineguín, donde, dicho sin paliativos, se han despreciado gravemente no sólo los derechos humanos de los afectados, sino que se ha incumplido la propia legislación que trata de las entradas irregulares en nuestro país.

Que esto se produzca bajo un Ministerio regido por un juez de profesión añade gravedad al asunto. Que haya tenido que intervenir de urgencia la oficina del Defensor del Pueblo exige las mayores responsabilidades al Gobierno de la nación. Porque, no nos engañemos, si el puerto de Arguineguín ha quedado vacío se debe a que se ha trasladado a sus ocupantes a un campamento levantado a toda prisa en un antiguo polvorín militar, Barranco Seco, convertido en un centro de internamiento de extranjeros en el que sólo deberían permanecer un máximo de 60 días, mientras se tramitan las órdenes de expulsión. Mucho nos tememos que, de seguir al mismo ritmo la llegada de pateras, ese centro se colapse, aunque, eso sí, lejos de la atención de la opinión pública y de las protestas de la población local.

Si la intención del ministro Marlaska con las imágenes del hacinamiento en Arguineguín, que tuvo que ser denunciado por los propios agentes de la Policía Nacional, era disuadir a las mafias de la inmigración, el fracaso, sin entrar en cuestiones morales, es evidente. Pero si todo ha sido fruto, primero, de la falta de previsión y, segundo, de una incapacidad manifiesta de reacción, lo menos que se puede demandar es la dimisión del responsable. No es fácil, por supuesto, gestionar el problema migratorio, pero no es un fenómeno que represente novedad alguna, al menos, para los países del sur de Europa, que deberían ser ya conscientes de que si no existen soluciones ideales ni sirve el voluntarismo, lo peor que se puede hacer es resignarse a lo fácil, que es crear islas lazaretos al modo de la Lampedusa italiana, que es lo que, a todas luces, se pretendía hacer con Canarias.

Los informes que llegan desde los puntos emisores dan cuenta de que hay miles de candidatos a la espera de cruzar a territorio español, como ya han hecho los 20.000 irregulares que han llegado al archipiélago en lo que va de año. Interior y los otros ministerios concernidos tendrán que actuar con celeridad y ajustándose a lo que dictan nuestras leyes. Nunca más la afrenta de miles de personas hacinadas durante semanas sobre el mísero asfalto.