Deshacerse de los enfermos no es progreso

España va a formar parte del contado número de países, no más de diez, que, desde un mal entendido progresismo, consideran la eutanasia o el suicidio como un derecho. No es un timbre de orgullo, ni mucho menos, y, sin duda, representa un fracaso social, cuyas consecuencias a medio y largo plazo serán la banalización de la muerte y la normalización del concepto utilitarista de la vida. Aunque la experiencia a nivel mundial es escasa, las cifras no dejan lugar a equívocos. En los Países Bajos, uno de los pioneros en la aplicación de la eutanasia, el número de casos no ha dejado de crecer, pasando de los 1.882 de 2002 a los 6.128 de 2018, sin que haya mediado cambio alguno en la pirámide poblacional o en los parámetros sanitarios. Tal es así, que algunas asociaciones médicas neerlandesas sospechan de la influencia de una sutil presión social sobre los ancianos y los enfermos terminales que lleva a muchos de ellos a considerarse una carga para sus familias y para la sociedad.

No hay que retroceder muchos siglos para identificar los rasgos filosóficos de las «vidas inútiles», porque la cultura de la muerte siempre ha sabido camuflarse detrás de conceptos como el bien común o la libertad de conciencia, falacias sólo entendibles desde el egoísmo más procaz. Es, además, como explicó el Partido Comunista portugués al votar en contra de una ley similar, el caldo de cultivo de una desigualdad terrorífica, por cuanto se desprecia la política de cuidados paliativos, mucho más costosa para los servicios públicos de salud, lo que deja sin opción de elegir a los miembros más desfavorecidos del cuerpo social. Desde este punto de vista, incluso, podría discutirse, a los meros efectos dialécticos, la licitud de la eutanasia, pero sólo una vez que el Estado hubiera garantizado el acceso universal a los cuidados paliativos, lo que, desde luego, no es el caso en España, donde cada año mueren doscientas mil personas sin alivio del sufrimiento, es decir, sin libertad objetiva para elegir.

Con todo, la ley aprobada ayer en el Congreso, por una mayoría que se considera humanitarista, presenta puntos de dudosa licitud, que deberían ser reconsiderados por sus impulsores, como la consideración de «acto médico» a poner fin a una vida o la inclusión en el catálogo de «enfermedades invalidantes», que choca con la doctrina de Naciones Unidas sobre los derechos de los discapacitados. Serán las comunidades autónomas las que tengan que aplicar esta nefasta ley, es de esperar que, por lo menos, se respete la objeción de conciencia del personal sanitario al que no se puede obligar a participar en un acto contrario a la deontología profesional, como es, por ejemplo, favorecer el suicidio de una persona, que esta ley también considera un derecho.