Sánchez deberá asumir el coste del indulto

En la legislación española sobre el indulto, convertido de facto en un privilegio del Gobierno, por más que se ejerza en nombre de Su Majestad, no caben elementos de control dignos de ese nombre. Ni el rechazo parlamentario ni el siempre problemático recurso a la vía de lo Contencioso Administrativo suponen obstáculo efectivo a la decisión del Consejo de Ministros de conceder tal medida de gracia a un reo, incluso, si se dictamina en contra de los informes negativos de la Fiscalía y del tribunal sentenciador. Sólo queda, pues, el reproche de la opinión pública y el coste político, medido en términos electorales, para el partido de un Gobierno que decide por encima de la percepción de la recta justicia de la mayoría de los ciudadanos.

Esto es así, porque la figura del indulto no supone acto jurisdiccional alguno ni, por supuesto, una intromisión en la acción de los tribunales, vedada especialmente por nuestra Constitución, ya que el delito juzgado y la condena correspondiente permanecen indelebles. El indulto tampoco tiene la consideración de un derecho del reo, que podría ser sujeto de discusión, sino que es una potestad del Ejecutivo de turno, por más que se atribuya nominalmente al Estado. Ni siquiera exige la motivación del preceptivo real decreto, lo que no deja de ser algo impropio en el corpus jurídico de una democracia moderna y nos remite al privilegio real de las monarquías absolutas. Sin embargo, la ley es la que es y no parece que exista la voluntad política suficiente para su reforma.

En definitiva, que ni la gravedad de los delitos cometidos por los condenados por el procés ni la elevada cuantía de las penas ni la ausencia de arrepentimiento expreso por parte de los reos ni la reiteración pública de la voluntad de reincidencia son elementos fácticos que impidan al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez indultar a Oriol Junqueras y demás compañeros de celda. Como ya hemos señalado, sólo el principio de oportunidad política puede evitar que queden libres, incluso, que puedan volver a la vida pública unos individuos que, pese a las advertencias reiteradas de las distintas instancias judiciales, mantuvieron su desafío a las leyes y pretendieron romper la unidad territorial de España, pasando por encima de la soberanía nacional que consagra la Constitución, y que, además, lo hicieron desde las propias instituciones democráticas españolas.

La prosaica realidad es que la decisión está exclusivamente en manos del presidente de un Ejecutivo en minoría parlamentaria y cuya estabilidad depende de los votos nacionalistas. Por lo tanto, a Pedro Sánchez le toca asumir la máxima responsabilidad y los costes políticos y electorales que, sin duda, acarreará una decisión que la mayoría de la opinión pública no comparte.