No hay más vía que la Constitución

No deberían los dirigentes del PNV sacar conclusiones apresuradas sobre el proceso nacionalista catalán y sus derivadas políticas nacionales, aunque sólo sea porque en las Vascongadas no se ha producido una transgresión constitucional impulsada desde las propias instituciones autonómicas, como de hecho ha ocurrido en Cataluña. Es más, los proyectos de superación estatutaria en el País Vasco, entre ellos el denominado «Plan Ibarreche», siempre se atuvieron a la sanción de la legalidad y decayeron en el marco parlamentario.

De ahí, que sea un error forzar paralelismos, más allá de la propia naturaleza del nacionalismo identitario, y reclamar la inclusión en una supuesta «vía catalana» que no sólo no existe, sino que conduce al choque estéril con los poderes del Estado. En este sentido, nada más equivocado que comprar la versión nacionalista de que los indultos responden a la debilidad de las instituciones españolas, lo que no responde a la realidad, por más que podamos criticar la decisión de un Gobierno, falto de apoyos parlamentarios, que ha tratado hacer virtud de la necesidad, pero que en ningún caso puede estar dispuesto a ir más allá del marco constitucional. Igualmente, tampoco debería el PNV hacer seguidismo del discurso de Bildu y sus habituales confluencias, empeñados en equiparar a los asesinos etarras con los sediciosos indultados, en una estrategia pedestre que sólo puede beneficiar a una extrema izquierda nacionalista precisada de blanquear su pasado criminal para superar su estrecho marco electoral.

No existe, pues, más vía que la que marca nuestra Constitución y la supuesta bilateralidad que reclaman los nacionalistas nunca podrá ir más allá de la realidad de que se trata de una negociación entre representantes de distintos partidos del arco parlamentario, que buscan contrapartidas para garantizar la estabilidad del Ejecutivo. Pero, como demostró la intervención del TC al reconducir la última reforma del Estatuto de Cataluña, cualquier cuestión que sobrepase los principios constitucionales queda forzosamente fuera de discusión. Por último, considerar que el «procés» puede tener alguna virtualidad a la hora de provocar la ruptura del marco territorial español y proponerlo como opción política no deja de ser un tacticismo electoralista al que la mayoría de los ciudadanos, al menos, en el País Vasco, no conceden la menor verosimiltud.