La ruptura del pacto con las víctimas

La ausencia, un año más, de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo en el acto institucional del Congreso de los Diputados, donde reside la representación por excelencia de la soberanía nacional, supone la quiebra del pacto no escrito entre el conjunto de la sociedad española y aquellos de sus ciudadanos que sufrieron directamente los embates del terror y que, desde la confianza en la fuerza de la Ley y en la justicia de su causa, sostuvieron la dignidad de la nación y contribuyeron con su firmeza y su ejemplo a la consolidación de nuestro sistema de libertades.

Ese pacto tenía uno de sus sostenes en la representación parlamentaria, articulada a través de unas formaciones políticas mayoritarias que habían hecho posible la firma del gran acuerdo antiterrorista y, con él, forjado un instrumento de unidad que, con todos los desencuentros puntuales que se quieran subrayar, fue decisivo en la derrota de la banda porque, entre otras cuestiones, ponía a las víctimas en el centro del debate y negaba la legitimidad de ejercicio institucional a quienes justificaban y amparaban la violencia. Por supuesto, no hablamos de lejanas épocas pretéritas ni de una memoria histórica dictada desde viejas ideologías porque la inmensa mayoría de los españoles conoce de primera mano lo que fueron aquellos años de pesadilla, cuando se intentó poner de rodillas a la sociedad española y destruir su democracia, en nombre del separatismo vasco.

De ahí que sea inaceptable, no sólo para las víctimas, el trato político con quienes, hoy, representan todo lo que fue el conglomerado etarra y pretenden desde la más burda de las falsificaciones blanquear una trayectoria criminal e imponer una versión de los hechos que equipara a las víctimas con sus verdugos. Los mismos que se jactaban de «socializar el sufrimiento» y asesinaban niños, y que no sólo no muestran el menor arrepentimiento ni se avienen a pedir perdón, sino que se ofenden cuando se les emplaza a responder de sus responsabilidades.

Con ellos está negociando el Gobierno de Pedro Sánchez contrapartidas en la política penitenciaria que violan el acuerdo de Estado y ofenden a la mayoría social. Que las víctimas se nieguen a legitimar con su presencia en las Cortes a unos individuos que jalearon o justificaron el crimen y que se niegan a colaborar con la Justicia para esclarecer más de 300 asesinatos no puede interpretarse más de una manera: la defensa de la dignidad.