Editorial

Una política exterior reconocible

Tanto en Marruecos como en Cuba, España tiene objetivos ineludibles

La política exterior española tiene en Marruecos y Cuba dos realidades con incómodas aristas, pero con las que es ineludible tratar. Es, por otra parte, lo que se espera de una diplomacia profesional y experimentada como la española, obligada a conciliar intereses comerciales y políticos, pero, también, las servidumbres de sus responsabilidades históricas, con la defensa de las libertades y de los derechos humanos que se espera de una de las contadas democracias plenas que existen en el mundo. De ahí, que el anuncio de que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el diplomático de carrera, José Manuel Albares, inaugurará su gestión con el preceptivo, de facto, viaje a Marruecos deba percibirse no sólo como una rectificación de errores, sino como el retorno a una política internacional alejada de inútiles, cuando no contraproducentes, efectismos. Por supuesto, ni Rabat puede pretender que Madrid olvide sus responsabilidades con la antigua provincia saharaui, sobre la que existe una resolución específica de Naciones Unidas, ni Madrid puede exigir a Rabat que renuncie a unas aspiraciones territoriales sostenidas en el tiempo y defendidas mediante una larga, dolorosa y costosa guerra. De lo que se trata, pues, es de volver al statu quo previo a la descabellada intromisión de algunos ministros de Unidas Podemos, incapaces de distinguir las obligaciones de gobierno de la dialéctica populista, y, sobre todo, de enmendar la increíble torpeza cometida por González Laya en la gestión del acogimiento, que se pretendía discreto, al líder del Polisario. Probablemente, el viaje del ministro Albares no suponga el inmediato restablecimiento de las relaciones con Rabat, pero es el paso imprescindible para esa vuelta a la normalidad, vital para la multitud de intereses cruzados entre las dos orillas del Estrecho. No es, sin embargo, el único flanco sensible con el que debe lidiar el nuevo titular de Exteriores, puesto que las protestas populares en Cuba, inéditas por su amplitud y por su componente de rechazo ideológico al régimen comunista, pueden desembocar en un escenario de violencia y represión gubernamental del que España, por razones de sobra conocidas, no podría desentenderse, aunque, una vez más, el sector podemita del Gobierno, en un ejercicio de estolidez política, comprometa seis décadas de difícil equilibrio diplomático con La Habana. Tiene España en este asunto una posición esencial, que exigirá serenidad y unidad de propósito.