El espectro del fraude de ley en Cataluña

No se encuentran los catalanes, precisamente, entre los ciudadanos españoles que pagan menos impuestos. De hecho, la comunidad que preside Pere Aragonés no es sólo la que registra los mayores índices de presión fiscal de toda España, y aún de toda la Unión Europea, sino que fue, junto con la comunidad valenciana, la única que subió los tributos en 2020, cuando la pandemia de coronavirus más arreciaba. Quejarse ahora de que buena parte de ese esfuerzo exigido a todos los ciudadanos, no sólo a la minoría independentista, se ha dilapidado en el proceso separatista sólo conduce a la melancolía, de ahí, que sea mucho más eficaz brindar el mayor respaldo público e institucional a los distintos organismos del Estado que velan por el respeto al ordenamiento jurídico y el cumplimiento de las leyes.

El Tribunal de Cuentas, –que, por cierto, cumple hoy su mandato y entra en proceso de renovación parlamentaria de sus miembros– es una institución indispensable en el control de la legitimidad de la acción política de cualquier democracia que se precie, por lo que no se entienden las reticencias que despierta en el Ejecutivo nacional su labor fiscalizadora del dinero público desviado desde el gobierno autónomo catalán. Señalamos esta evidencia porque no se entiende el circunspecto silencio de los distintos actores gubernamentales ante el espectro del fraude de ley que se cierne sobre el Instituto Catalán de Finanzas, que pertenece a la Generalitat, al avalar la fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a quienes emplearon el dinero público para financiar la campaña exterior del procés, campaña, no lo olvidemos, que sustentaba su estrategia en caricaturizar a España como una democracia fallida, prácticamente, franquista, que negaba derechos fundamentales a una parte de sus ciudadanos.

Que la propia institución perjudicada por unos representantes públicos y, en su caso, unos funcionarios que hicieron un uso torticero de los presupuestos pagados por los ciudadanos actúe para evitar la asunción personal de las responsabilidades contraídas, entraría en el campo del absurdo en cualquier otro ámbito que no fuera el nacionalismo catalán, pero que desde el Gobierno de la nación se produzca tal inhibición es, simplemente, inaceptable e imposible de justificación legítima. Incluso la servidumbre de tener que gobernar en minoría parlamentaria debe tener su límite en el respeto a la ley.