El Gobierno degrada el Parlamento

El Parlamento no es una institución más en el sistema. Es el símbolo de la soberanía nacional, la expresión de la ciudadanía. No hay democracia íntegra sin que las Cámaras ejerzan su función con plenitud. Es uno de los tres poderes del Estado en pie de igualdad con los otros. Es el «abc» en un régimen de Derecho. Sentir el deber de recordarlo refleja el estado en que se encuentra el respeto a los equilibrios y la institucionalidad. El Gobierno ha demostrado con hechos que tiene el propósito de marginar la incidencia del Congreso y el Senado en la vida pública. Es un escenario sensible para el Ejecutivo como caja de resonancia de la exigencia de responsabilidades y como tal un elemento propicio a dimensionar las vulnerabilidades e ineficiencias de su gestión. Silenciado, minimiza desgaste y riesgos. No hay una pizca de elucubración o desproporción en el juicio a la reincidencia de un Ejecutivo obsesionado por amortiguar lo que sucede de puertas para dentro del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. La sesión de control de ayer en el Congreso fue la expresión reiterada de una contumaz desconexión del gabinete de coalición con la democracia. Solo seis de los veintidós ministros se sometieron a las preguntas de la oposición en un pleno que acercó el parlamentarismo a una caricatura. No hubo explicación ni disculpa ni un mínimo gesto del respeto como el que faltaron todos los responsables ministeriales que escaparon de su responsabilidad con excusas varias. Se trata de una pertinaz desafección que deparó el insólito e inconstitucional cierre de las Cortes durante el estado de alarma, que supuso de facto amordazar la voluntad popular y alentar la arbitrariedad del gobierno de socialistas y comunistas. Que el TC medita censurar la violación de los derechos de los diputados en aquellas fechas debería acarrear renuncias, pero es tal el grado de perversión de los valores que apenas si provocará un sonrojo o, en cambio, activará una nueva campaña contra las magistrados. Recordar además que se cumplen siete años sin debate sobre el estado de la nación, el segundo más importante tras el de Presupuestos, es añadir otro elemento al perfil de una gobernanza en rebeldía con las obligaciones con el Legislativo, que son sus deberes constitucionales. El empeño en desactivar las cámaras es muy grave, pues representa la voluntad de mandar de espaldas al pueblo, sin el pueblo y por lo que se ve contra el pueblo. Pero no se equivoque el presidente, degradar la democracia no garantiza el poder indefinido.