La patata caliente de Puigdemont

La detención de Carles Puigdemont en Italia es el último episodio de una historia interminable. Su cercano porvenir judicial es de una complejidad tal que parece casi una misión imposible dilucidar cuál será el futuro definitivo que le aguarda en las próximas horas, más allá de la puesta en libertad provisional decretada a primera hora de la tarde de ayer aunque sin la posibilidad de abandonar Cerdeña, a la espera de que otras instancias judiciales decidan sobre su entrega a España. Su condición de eurodiputado y el recurso contra la pérdida de la inmunidad confluirán en un iniciativa de la defensa para lograr medidas cautelarísimas en la justicia europea que le permitan recobrar su estatus de aforado. Todo eso está en manos de los jueces italianos y comunitarios.

En cuanto al plano político, el horizonte está más despejado y las derivadas son más evidentes y espinosas. De paso, aclaran el escenario que Cataluña y España tendrán que afrontar el día que de forma definitiva comparezca ante el Tribunal Supremo, un desenlace inevitable más tarde o más temprano. Es un hecho que las peripecias de alguien que se creía intocable -por algo sería- han enturbiado de repente la mesa de diálogo, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y de paso el porvenir de la mayoría que da estabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez.

La guerra fratricida entre los separatistas se agitará extraordinariamente. Junts aprovechó ya ayer para poner entre la espada y la pared a Pere Aragonés y ERC. Los gritos de traidor, los insultos a TV3 en las concentraciones de apoyo a Puigdemont, retratan el grado de inquina y la fractura en el mundo secesionista. De nuevo, Cataluña vive pendiente de los problemas y los avatares del huido, lo que es un drama y demuestra por enésima ocasión que las graves dificultades de los ciudadanos están supeditadas a los intereses de los independentistas y en concreto a lo que suceda con Puigdemont. La escala de valores parece clara en quienes dicen actuar por el pueblo, que ha sufrido y padece una crisis brutal, y que palidece y se desprecia cuando la Justicia actúa contra un presunto delincuente.

Por lo demás, el arresto de un prófugo de los tribunales siempre es una buena noticia. Que alguien acusado de conductas tan graves responda por ante los tribunales de una democracia es lo habitual, lo que cabría esperar desde hace años en un espacio común como Europa, y que lamentablemente no ha sucedido. Deben ser los jueces quienes decidan y no los políticos que se atribuyen el estatus de seres superiores, elegidos, por encima de las leyes. Eso es un estado de derecho.