Editorial

Récord de gasto sobre bases inciertas

El Gobierno presentó ayer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), con un incremento sustancial del gasto público que será sufragado a medias por la subida de los ingresos fiscales y la inclusión de una nueva partida de los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea. El Ejecutivo presume de que la mayor parte de las inversiones irá destinada al capítulo social, no productivo, con especial hincapié en las retribuciones de los pensionistas y en las ayudas del Ingreso Mínimo Vital, así como en las nuevas figuras del «bono vivienda» y el «bono cultural», pensadas para los más jóvenes.

En principio, y sin pretender entrar en juicio de intenciones, nos hallaríamos ante unas cuentas públicas expansivas, en línea con la situación sobrevenida por la pandemia de coronavirus y en la convicción de que la economía internacional va a experimentar un recuperación a alto ritmo, como indica la inusual demanda de materias primas por parte de las principales potencias industriales del mundo.

Sin embargo, las previsiones presupuestarias parten de un cálculo gubernamental sobre el crecimiento de la economía española que, cuando menos, parece demasiado optimista. Nos dice el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, que el PIB español crecerá un 7 por ciento en 2022, que la senda de crecimiento se consolidará desde el primer trimestre y que el incremento de los ingresos fiscales permitirá reducir el déficit público al 5 por ciento del PIB. Afirmaciones que, por supuesto, no tienen en cuenta opiniones diferentes, por más fundadas que estén en el prestigio y la experiencia, como sucede con el caso del Banco de España, que, en septiembre, en plena elaboración de los PGE, ya advirtió de un crecimiento de nuestra economía de sólo el 5,9 por ciento para el año próximo.

Una diferencia sustancial que, al menos, debería haber llamado a la prudencia. Porque, más allá de las críticas al barniz social de unas medidas de carácter populistas y clientelar, sobrevuela sobre estas cuentas públicas el riesgo de una vuelta de la inflación, impulsada por un desmedido incremento de los precios de la energía y de los combustibles de automoción, que por sí sola pueden dar al traste con las halagüeñas previsiones gubernamentales.

Por no hablar de la intensificación del esfuerzo fiscal para las empresas y las familias, lo que se compadece muy poco con las expectativas de un crecimiento del consumo interno, a base del desembalse del ahorro acumulado por los hogares, que se calcula en unos 50.000 millones de euros, cuando, una vez más, el Banco de España advierte de un comportamiento más contenido del consumo interno, precisamente, ante el temor de los ciudadanos a las subidas de impuestos, que medidas como la reducción de la desgravación en los planes de pensiones no ayudan en nada a disipar. Y, a todo esto, el recorrido de los PGE no ha hecho más que empezar. Porque queda contentar a los nacionalistas, lo que proporcionará al Gobierno la satisfacción de un récord aún mayor de gasto público.