Un escudo social con demasiadas grietas

No sería justo hacer una enmienda a la totalidad a la política de protección social desplegada por el Gobierno en estos difíciles años de la pandemia, pero ello no puede ser óbice para señalar las deficiencias de unas medidas anunciadas a bombo y platillo en una de las operaciones de propaganda más intensas de las que podemos recordar, que, al primer contacto con la cruda realidad, se han deshecho como las pompas de jabón. LA RAZÓN se hace eco hoy de las conclusiones de los informes sobre los niveles de pobreza y exclusión que sufren las familias españolas que han sido elaborados por organizaciones de ayuda social que trabajan sobre el terreno y en el día a día de las personas afectadas y que nos dejan un retrato estremecedor de las consecuencias que está teniendo la crisis pandémica en muchos hogares.

El estudio de Cáritas, sin ir más lejos, denuncia que hay seis millones de personas en exclusión severa, es decir, dos millones más que en 2018. Esa es la cifra del daño causado, que las medidas gubernamentales no han podido paliar. Pero, con todo, lo peor es que se está gestando una tormenta perfecta que habría que encarar desde el análisis y reconocimiento de la realidad española y no, como sucede con el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, con la vista puesta en los equilibrios políticos de quien debe contentar a su variopinta colección de apoyos parlamentarios.

Y si hablamos de tormenta perfecta es porque a los problemas del mercado laboral, agravados por una precarización del empleo, con la reducción de las horas medias trabajadas, que inutiliza en la práctica los incrementos del SMI, hay que sumar no sólo la deficiente aplicación del programa de ayudas del Ingreso Mínimo Vital –cuya burocracia y exceso de medidas precautorias para evitar el fraude ha expulsado del sistema a la mayoría de los solicitantes–, sino el inevitable final de los ERTES, con más de 100.000 empresas en quiebra técnica. También, la subida de los precios de la energía, que amenaza a muchos hogares que se encuentran en el alambre y que no pueden acogerse a los bonos sociales, simplemente, porque viven en viviendas sin contrato o en régimen de realquiler, por no citar que el gas butano, la energía del pobre, está excluido de las ayudas y ya ha subido un 35 por ciento.

Existen otros factores, como el repunte de la inflación, que no hacen más que abundar en lo que decimos. Los españoles han sufrido un exceso de anuncios gubernamentales que, por los hechos, se han quedado en agua de borrajas. Propaganda de un escudo social con demasiadas grietas y, además, peor gestionado. Nada, sin embargo, que no supiéramos del populismo de la izquierda.