Es un error hacer de comparsa de Podemos

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha podido meterse en un callejón sin salida jurídica y de graves consecuencias, incluso, personales por haberse dejado arrastrar por Unidas Podemos en uno de sus inverosímiles enfrentamientos con el Tribunal Supremo, sin otro objetivo político que la búsqueda constante y pertinaz del descrédito de la Justicia española, considerada desde la formación de ultraizquierda poco menos que un residuo franquista. Todavía ayer, Batet trataba de retrasar una decisión que se antoja inevitable, la suspensión del acta de diputado de Alberto Rodríguez, prolongando un conflicto artificial que, como ya hemos señalado, no sólo beneficia al elaborado victimismo del partido morado, sino que deja al PSOE en una posición de marginalidad institucional, impropia de su trayectoria en el proceso de la Transición.

Nos hallamos, por supuesto, ante una de las consecuencias que acarrea que el Ejecutivo de la nación dependa de unos socios de dudosas credenciales democráticas, incapaces de asumir lo que significa el imperio de la Ley y siempre prestos a la descalificación de las decisiones judiciales que no comparten. Que la propia mesa del Congreso haya ejercido de comparsa de Podemos, bastardeando con las normas que regulan su funcionamiento, es un error impropio de quienes representan la soberanía nacional y nos advierte de los riesgos que conlleva aliarse con las fuerzas antisistema. Por otra parte, no se entiende que los representantes socialistas se hayan prestado a secundar este nuevo pulso absurdo de los podemitas con los jueces cuando todos los elementos de juicio conducían a la suspensión del diputado, una vez que la sentencia del Tribunal Supremo establecía como pena accesoria su inhabilitación por inelegibilidad sobrevenida. Así, el artículo 21 del reglamento de la Cámara dicta que «el diputado quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte».

Ciertamente, la claridad de la norma dejaba poco espacio a la ingeniería jurídica, aunque en este caso casi se podría hablar de alquimia, con la que el diputado Rodríguez pretendía conseguir una especie de indulto parcial de una pena que, para parte de la opinión pública, ha sido demasiado benigna vistos los hechos probados por la sentencia del Supremo. Sin duda, muchos de quienes hoy militan en Unidas Podemos y ostentan cargos públicos no contaban con que su peculiar manera de ejercer la política, desde la bronca callejera, la desobediencia y el acoso público, lo que denominaban «gimnasia democrática», podría pasarles factura al llegar a las instituciones. De hecho, el diputado Rodríguez sólo es un caso más. Ahora, pese a sus protestas de inocencia, le toca cumplir con las decisiones judiciales como hace la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, aunque no estén de acuerdo.