Un plan eléctrico sin encaje en Europa

El Gobierno no sólo lidia con la actual disfunción del mercado del gas, sino con el efecto bumerán del exceso de demagogia vertida por la izquierda, socialistas incluidos, cuando era el anterior Ejecutivo popular el afectado por una subida de los precios de la electricidad, infinitamente menor que la actual. De ahí que, presionados por una opinión pública que, simplemente, demanda que se cumplan las airadas promesas hechas cuando los actuales partidos del Gobierno estaban en la oposición, asistamos a una carrera de despropósitos, improvisaciones y ocurrencias que tuvo ayer, en el consejo extraordinario de ministros de la Energía, celebrado en Luxemburgo, el broche final, a cargo de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con su propuesta de intervención del mercado europeo de la electricidad. Normalmente, este tipo de demandas se despachan en Bruselas con buenas palabras y promesas de futuros estudios, por lo que no deja de ser significativo que nueve países, encabezados por Alemania, se hayan descolgado con una carta de claro rechazo a la posición española, conscientes de que en medio de una crisis, como es la actual de los precios del gas, no se deben tomar decisiones urgidas por la política sin ponderar bien sus consecuencias a medio y largo plazo. En otras palabras, que los problemas con la energía del Gobierno español deben resolverse respetando las reglas de juego que comprometen a todos los socios, entre ellas, la naturaleza marginalista del mercado eléctrico, por la que el coste del kilowatio lo fija el tipo de central que entra en último momento a la red. Se podrá discutir la bondad del sistema, que es el que funciona en la inmensa mayoría de los países de la OCDE y que, por más que se afirme lo contrario, favorece la rápida amortización de las energías renovables, pero lo que no es de recibo es la pretensión de cumplir las reglas sólo cuando nos benefician, que es, exactamente, lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque suponga llevarse por delante la seguridad jurídica y la imagen internacional de España como país de inversores, con el decreto de confiscación de beneficios extraordinarios a la compañías eléctricas. En realidad, no parece que exista en España una política energética digna de ese nombre, más allá de los parches coyunturales de las ayudas en forma de bonos o de asistencias extraordinarias, como las aprobadas por el Consejo de Ministros. Y es muy urgente abordar este problema, con la inclusión, por supuesto, de todos los sectores concernidos, porque el proceso de descarbonización que ha emprendido la Unión Europea no tiene visos de que vaya a detenerse. Al contrario, ya hay voces que hablan de la necesidad de intensificarlo, con mayores reducciones de las emisiones de CO2, lo que va a suponer nuevas alzas fiscales sobre las energías no renovables. Mientras, la ministra Ribera tendrá que seguir dedicándose a la búsqueda de presuntos culpables, como las eléctricas.