Sánchez encara la cuesta nacionalista

Apoyado en sus socios nacionalistas, el Gobierno superó ayer con facilidad el primer trámite para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y como estaba previsto. Por supuesto, en el rechazo de las enmiendas a la totalidad, nadie se cuestionó la ideoneidad de unas cuentas públicas que se basan en presupuestos de ingresos y gastos desfasados, y bajo la espada de Damocles de un repunte inflacionario que puede dar al traste con la recuperación. Es más, quienes respaldaron a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, notablemente ERC, PNV y Bildu, adoptaron un tono de perdonavidas que, sin embargo, no engañaba a nadie, conscientes de que tienen que justificar ante sus electores el sostenimiento de una legislatura que en ningún caso cumplirá con las expectativas creadas. Que el portavoz de la Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, se permitiera el desahogo de señalar que había estado a cinco minutos de presentar una enmienda a la totalidad explica por sí misma la incomodidad de la formación ante su papel de «colaboracionista» con el Gobierno que representa al Estado opresor de las libertades de Cataluña. Entre otras cuestiones, porque la «alarma antifascista», que convoca a la resistencia contra el avance de las derechas, está perdiendo sus efectos entre un electorado que exige políticas más eficaces para asegurar la recuperación del mercado laboral, tocado por la pandemia, y que ve mejores resultados en las políticas del Partido Popular, allí donde gobierna, tal y como recogen todas las encuestas de opinión. Se encuentra, pues, Pedro Sánchez, ante el exacto desarrollo del guion previsto, con el respaldo proclamadamente vergonzante de los nacionalismos, obligados a aplicarse a partir de ahora a obtener las mayores contrapartidas posibles a cambio de mantener viva la legislatura. Exigencias que no sólo serán económicas, sino de carácter político, de muy difícil articulación en el marco constitucional y, sobre todo, alejadas de la realidad. Demandas sobre inversiones millonarias que, forzosamente, habrá que detraer de otros capítulos, o pretensiones de cambios legislativos, como la reforma laboral o la imposición de cuotas lingüísticas a las grandes productoras de contenidos audiovisuales, que chocan con los compromisos adquiridos con Bruselas. El resultado final, en el mejor de los casos, será una serie de componendas, más cosméticas que reales, que desvirtuarán aún más, si es que eso es posible, cualquier estrategia presupuestaria digna de ese nombre. Y de poco consuelo debe servir a los ciudadanos la constante, cínica, de que los PGE están hechos para no cumplirse. Aunque sólo sea porque en las actuales circunstancias, unas cuentas públicas sólidas, bien estructuradas y con vocación de ejecución presupuestaria se nos antojan más necesarias que nunca.