Una política común contra la «sexta ola»

Mientras la pandemia del coronavirus vuelve a tomar fuerza en el este y centro de Europa, en España seguimos sin disponer de una reglamentación sanitaria común que evite repetir el espectáculo de unas administraciones autonómicas libradas a su suerte y condicionadas, como es lógico, a las decisiones de los tribunales de Justicia. Ciertamente, nuestro país afronta la más que probable sexta ola del Covid-19 en mejores condiciones que nuestros vecinos, aunque sólo sea porque el porcentaje de población vacunada es muy superior a la que registran los centro europeos, donde los negacionistas han demostrado tener una inesperada influencia social, con las consecuencias que, hoy, podemos ver.

Sin embargo, no es posible desatender las señales de aviso que nos llegan y que deberían poner en guardia a una opinión pública que parece haber dado por superada la pandemia y que se dispone a celebrar unas Navidades por todo lo alto. De hecho, en el último mes se han detectado en España más de 78.000 nuevos contagios y, desde el día dos de este mes de noviembre, se han registrado 352 fallecimientos más por el maldito virus. Regiones como el País Vasco o Navarra están superando las tasas de 100 infectados por cada 100.000 habitantes, es decir, se encuentran en fase de alto riesgo, al tiempo que los más reputados informes científicos señalan lo que ya sabíamos, que las vacunas pierden eficiencia a medida que transcurre el tiempo desde su administración.

Por último, pero no menos importante, la ciencia sigue sin desentrañar la naturaleza del coronavirus, por lo que no es en absoluto descartable que éste retorne con mayor virulencia. De ahí que sorprenda, y mucho, la parsimonia gubernamental, perfectamente reflejada en la actitud del Ministerio de Sanidad, incapaz de articular medidas generales de prevención, como la del llamado «pasaporte Covid», o, siquiera, de poner en marcha campañas públicas de información que sitúen a los ciudadanos ante sus propias responsabilidades. La estrategia no puede limitarse solamente a una nueva campaña de vacunación, por supuesto, necesaria, sino a animar a quienes todavía se niegan a ser inmunizados –más de tres millones de españoles, según los datos oficiales–, pero que, a falta de nuevas leyes, no pueden ver sus derechos constitucionales constreñidos. No se trata de volver a cerrar una economía que todavía se resiente de los efectos del confinamiento, pero sí de aplicar medidas de precaución elementales en la hostelería y el comercio. Con un factor añadido, que la recuperación del turismo, como demuestra el caso de Benidorm, va a favorecer la importación de nuevos casos, complicando la respuesta de nuestro sistema hospitalario, que vuelve a registrar un alza de las hospitalizaciones a causa del Covid-19.