Opinión

Un Gobierno otra vez a remolque de la crisis

Editorial La Razón

La advertencia de las grandes patronales del transporte por carretera de que pueden sumarse a la huelga decretada por los camioneros autónomos y las pymes es una amenaza mayor que puede provocar, lisa y llanamente, la parálisis de la economía nacional. No en vano, hasta tres ministras del Gobierno, encabezadas por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, tuvieron que reunirse a contrarreloj con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa a 12 de las principales asociaciones del sector, para, al menos, ganar tiempo con unas ofertas de ayudas indirectas que, por decirlo suavemente, fueron recibidas con indisimulado escepticismo por parte de los afectados por una subida de los combustibles que les está dejando sin márgenes operativos.

Y todo ello, mientras se sucedían las noticias de nuevos bloqueos de los centros de distribución, que están provocando una ruptura de la cadena de abastecimiento que ni la intervención de la Guardia Civil, que ha dado escolta a miles de convoyes, ni las llamadas a la calma de los consumidores, lógicamente alarmados por el espectáculo de las estanterías vacías, consiguen paliar. No es, por supuesto, el único frente de inestabilidad social que tiene el Gobierno, con buena parte de las flotas pesqueras amarradas y las protestas del sector agrícola y ganadero que ven en peligro sus explotaciones no sólo por el alza de los precios de las gasolinas y de la electricidad, sino por la falta de unos insumos básicos, como los piensos y los fertilizantes, que, o bien no llegan, o lo hacen a costes desorbitados.

Problemas similares a los que sufren la construcción y la industria manufacturera, con escasez de materias primas como el acero, el aluminio o el caucho, por no hablar de los componentes electrónicos, que están obligando a suspender turnos enteros de producción en las fábricas de automóviles. Ciertamente, la situación no es privativa de España, puesto que la crisis energética y de suministros está golpeando al conjunto de la Unión Europea, pero sí podemos hablar de una anomalía específicamente española que estriba, fundamentalmente, en la pasividad de un Gobierno que, una vez más, va a remolque de los acontecimientos y pretende, desde el voluntarismo, que sean otros quienes le saquen las castañas del fuego, ya sea cambiando las reglas del mercado comunitario de la energía, ya sea con la pretensión de que el Banco Central Europeo siga con el grifo abierto.

Porque lo único que tiene alguna lógica en lo que estamos viviendo es que el Ejecutivo está enjugando un déficit público desbocado por sus políticas con los ingresos extras de la fiscalidad de los combustibles y con el IVA crecido por los efectos de una inflación, por cierto, más alta en España que en el resto de Europa. Sólo así se explica su resistencia a bajar unos impuestos que están asfixiando a los hogares y las empresas de este atribulado país.