Hay que ajustar ya el gasto público

No por esperada deja de ser inquietante la noticia de que el Banco Central Europeo va a paralizar el próximo mes de junio o, a más tardar, en septiembre, sus programas de compra de deuda pública, instado por la inflación galopante, pero, también, por las graves incertidumbres que aquejan a las economías europeas a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y la subsecuente política de sanciones.

No es un secreto que España es uno de los países del Eurogrupo que más se ha beneficiado de la intervención del BCE, hasta el punto de que ha desaparecido del imaginario colectivo la famosa «prima de riesgo», y sólo para lo que resta del programa se estimaba en otros 50.000 millones de euros el importe de los títulos a adquirir por la institución que preside Christine Lagarde, que se ha convertido en el mayor tenedor de nuestra deuda. Pero esa catarata de dinero, obtenido a bajísimos intereses y en manos de un Gobierno con ataduras populistas tenía por fuerza que ejercer efectos negativos, incluso, a corto plazo, sobre la salud de las cuentas públicas.

Así, y descontando el inevitable gasto provocado por la pandemia, nos encontramos con que en la última década la deuda nacional se ha elevado hasta el 118 por ciento del PIB, sin que la economía nacional consiga recuperar sus niveles productivos anteriores a la crisis sanitaria. Tenemos, pues, una tormenta perfecta en el horizonte, con la suma del endeudamiento, el exceso de déficit público y un bajo crecimiento del PIB. Basta que, azuzado por la necesidad de controlar la inflación, que, no lo olvidemos, es uno de sus principales mandatos, el BCE suba los tipos de interés para advertir de la imperiosa necesidad de acometer un cambio de rumbo en las actuales políticas económicas.

Que la situación española preocupa, y mucho, al resto de nuestros socios lo demuestra que ya se esté hablando de crear un mecanismo de compra selectiva de bonos para evitar la quiebra de los «farolillos rojos» de la Eurozona. Pero no debería confiar La Moncloa en esta posibilidad, que ni siquiera se ha planteado oficialmente, sino abordar de una vez por todas el saneamiento de las cuentas del Estado, con ajustes en el excesivo gasto público, que no ha dejado de crecer, y medidas de estímulo para impulsar el crecimiento del tejido empresarial.

Medidas, debemos insistir en ello, que pasan por reducir la desmesurada presión fiscal, que es uno de los factores, a través del IVA, que alimenta el proceso inflacionario. Lo contrario es actuar fuera de la realidad o buscar atajos, como la demanda de intervención del mercado de la energía, que no conducen a nada. Europa sabe que no es posible seguir tirando de la máquina de imprimir dinero y está dando los primeros pasos hacia el equilibrio financiero. Quedarse atrás no es una opción, por más votos que cuesten a los gobiernos de turno.