«Caso Ghali», ahora es el turno de la política

El sobreseimiento de la instrucción judicial del llamado «caso Ghali» no supone, ni mucho menos, que se pueda dar carpetazo a unos hechos de innegable trascendencia para los intereses nacionales y cuyas consecuencias en el medio plazo entran en el plano de lo impredecible. No, simplemente, devuelve al plano de la política una actuación gubernamental rodeada de sombras que es preciso disipar, una vez constatada la verdad judicial de que se trató de un acto de Gobierno, con mayúsculas, cuya responsabilidad máxima incumbía al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que, según una doctrina jurídica discutida y discutible, no podría ser objeto de reproche penal.

En efecto, lo que dictamina la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su auto de sobreseimiento, es que la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, de manera reservada y sin pasar los correspondientes trámites fronterizos, respondía a una decisión gubernamental que fue cumplimentada por los funcionarios concernidos, incluida la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quienes no tenían por qué estar al tanto de las requisitorias judiciales que pesaban sobre el líder saharaui. Es, pues, evidente, que se buscó ocultar la estancia de Ghali a las autoridades marroquíes, entre otras cuestiones, porque el conflicto en el Sáhara volvía a registrar tensiones prebélicas, con operaciones armadas por ambos bandos.

El resto es conocido, aunque, sin duda, la paladina admisión por parte del Gobierno de que los teléfonos de varios miembros del Gabinete entre ellos, el propio presidente, estaban intervenidos por el sistema Pegasus, en principio, sólo al alcance de servicios de información estatales, ofrece alguna luz sobre el desarrollo de los acontecimientos. Ahora bien, las derivadas de aquella actuación, desde el remedo de una «marcha verde» sobre Ceuta hasta el cambio de la posición de España sobre la soberanía de la ex provincia española, pasando por la airada reacción del gobierno argelino, exige una investigación exhaustiva en el único ámbito adecuado, el Parlamento de la nación.

Por supuesto, no se trata de discutir sobre la bondad de una decisión que, a nuestro juicio, responde a la realidad de los hechos y contribuye a solucionar un conflicto enquistado desde hace décadas, como es el contencioso saharaui, pero, dadas las consecuencias, internas y externas, de un cambio geoestratégico de tal magnitud, que, incluso, nos aleja del acuerdo europeo, parece conveniente que el Gobierno de la nación explique a las formaciones parlamentarias cuál fue el proceso de toma de decisiones y qué medidas de contención diplomática se pusieron sobre la mesa. Porque, nada peor, que la incertidumbre instalada en la opinión pública de que jugó más el azar y la necesidad de lo inmediato que una profunda meditación de la acción Exterior.