La «mesa catalana», en los cauces de la ley

Más allá del ámbito declarativo, la reunión que mantuvieron los representantes del Gobierno central con los de la Generalitat de Cataluña discurrió, como no podía ser de otra forma, en los cauces de la leyes vigentes, que a todos obligan. Es más, la pretensión nacionalista de la llamada «desjudicialización» del procés, que podía traspasar la línea de la separación de poderes, ha sido sustituida por una declaración de renuncia al uso de las vías unilaterales en la acción política, que supone, en la práctica, la asunción por parte del actual Ejecutivo catalán de su responsabilidad en la grave crisis institucional de octubre de 2017, que acabó con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el procesamiento y condena de los responsables de la intentona separatista.

Queda, también, aparcada la reforma del delito de sedición en el Código Penal, que, con buen criterio, sólo se aprobaría con un acuerdo de base con la oposición, y, finalmente, desaparece del horizonte más inmediato cualquier referencia al control político de los tribunales catalanes por parte del Parlamento de Cataluña. Ciertamente, se trata del lógico proceso de retorno a la institucionalidad y debemos resaltar en lo que vale tanto la intervención del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha encabezado al equipo negociador de La Moncloa, como a los representantes de ERC, cuyo giro político hacia la normalización es innegable, aunque mantenga su programa de máximos.

Por supuesto, persisten planteamientos conceptuales con los que no podemos estar en absoluto de acuerdo y que, sin duda, pasarán una fuerte factura electoral a los socialistas en el conjunto de España, incluido, el Principado. Nos referimos a la aquiescencia del Gobierno que preside Pedro Sánchez a la maniobra legislativa de la Generalitat para no aplicar las sentencias de los tribunales, que obligan a impartir el 25 por ciento de la enseñanza en castellano en las aulas catalanas. No sólo su desacato afecta a un derecho básico de cualquier ciudadano español, el de recibir educación en la lengua oficial del Estado, sino que se parte de un planteamiento erróneo, puesto que la decisión de los tribunales no supone ataque alguno a la lengua catalana.

Comprendemos las tribulaciones de los partidos nacionalistas ante el descenso del uso social del vernáculo, pero su imposición forzosa en la escuela no es la solución a un problema que tiene múltiples causas. En el resto de las cuestiones tratadas, casi todas relacionadas con la financiación autonómica, la situación se encuentra dentro de lo que podríamos llamar la «normalidad política». El Gobierno de la Nación depende del apoyo parlamentario de los nacionalistas catalanes, especialmente de ERC, que, obviamente, buscan obtener del Estado las mejores condiciones financieras posibles.