El examen pendiente de la salud pública

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso fecha ayer, en la isla de La Palma, a la creación del Centro Estatal de Salud Pública, organismo de coordinación de distintas áreas del Sistema Nacional de Salud que estaba ya previsto en el artículo 47 de la Ley General de Salud de octubre de 2012, pero que dormía el sueño de los justos.

Ciertamente, esa misma ley dotaba a la Administración Central del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, de instrumentos suficientes para hacer frente a una emergencia tan grave como ha sido la pandemia de coronavirus, pero hubiera hecho falta una mayor voluntad política para hacerlos realmente eficaces en un sistema autonómico como el nuestro, que por su propia dinámica ha tendido a la dispersión normativa, las particularidades en la gestión y a la desigualdad en la calidad asistencial de los ciudadanos. Vaya por delante, que las leyes estaban ahí, pero que faltó, como hemos dicho, la decisión de desarrollarlas en todo su potencial.

Sin embargo, no conviene descargar en un solo factor las graves consecuencias de la pandemia de coronavirus, que arrasó con la misma intensidad mortífera los sistemas de sanidad más avanzados del mundo, con independencia del modelo de organización, centralizado o regional. Hubo otros factores, como la deslealtad manifiesta de las autoridades gubernamentales china y las vacilaciones de la OMS, a las que, en España, hubo que sumar al principio errores políticos de todos conocidos, pero, también, las dificultades de coordinación de unas administraciones que ni siquiera eran capaces de armonizar la metodología estadística.

En este sentido, no cabe más que elogiar la decisión del Gobierno de abordar ese examen pendiente de nuestra Sanidad Pública, pero sin ocultar las dificultades prácticas de su plasmación, dado el hecho de que el nuevo centro puede chocar con una legislación autonómica preexistente y amparada, no lo olvidemos, por la Jurisprudencia constitucional. Porque si de lo que se trata es de crear una especie de «paraguas» administrativo, que agrupe las instituciones de carácter estatal ya existentes, sólo se conseguirá multiplicar la burocracia, como se demostró con los comités de emergencia creado durante la pandemia y que, al final, estaban conformados por los mismos funcionarios públicos de un Sistema Nacional de Salud que carecía de las competencias ejecutivas.

Es la capacidad de imponer las decisiones del nuevo organismo, que debe estar bajo la legitimidad del Gobierno de la Nación, lo que supondrá la diferencia entre el éxito o el simple cumplimiento del expediente. Y dado que al Centro Nacional, o Estatal, de Salud Pública aún le quedan por superar algunos estadios parlamentarios, convendría que los dos principales partidos se pusieran, por una vez, de acuerdo. Que hablamos de la salud de todos.