La toxicidad de una fiscalidad ideológica

La OCDE ha situado a España como uno de los países con mayor presión fiscal con un 36,6% del PIB en 2020 y como líder en su aumento respecto a 2019 entre los estados industrializados. El dato retrata a una izquierda adicta a la escalada de los gravámenes de familias y empresas que reviste como un instrumento redistributivo y de justicia social. La teórica es perversa, pero ha sustentado el castigo contra las grandes sociedades, la banca y las energéticas mediante ese alegato pedestre de «los beneficios caídos del cielo». Ahora, la ministra Montero ha anunciado un tributo temporal a las fortunas que se dirigirá, según asegura, a «millonarios». Y hasta la próxima. Hablar de represión fiscal, orquestada por socialistas y comunistas, puede parecer tremendista, pero no lo es. La imposición ha sido y es la viga maestra de su política contra la crisis, que ha gravitado en torno a la recaudación como sea y al precio que sea, y que nos ha convertido en la peor economía europea tras la pandemia. Los magníficos lemas de políticas sociales del gobierno de la gente, ese constructo de tres al cuarto para amunicionar la propaganda, se agostan frente a la verdad. Los españoles, no las grandes fortunas, financiarán el colosal techo de gasto de 198.221 millones de euros en los Presupuestos de 2023, aprobado en el Congreso, el mayor de la historia, con el que anegar de clientelismo la acción de gobierno y la estrategia electoral del PSOE. En una economía más que recalentada con la inflación en dos dígitos, se requiere contención y ajustes. Esa pulsión por un gasto desfasado deja en evidencia a un gobierno de opulentos y poderosos, con los bolsillos llenos gracias también a una cosecha tributaria del Estado que ha crecido en más de 22.000 millones entre enero y julio, y que no ha compartido con las empresas en dificultades ni con los hogares que no llegaban a fin de mes. La fiscalidad ideológica y populista de Sánchez y sus aliados inocula toxicidad contra la economía, la prosperidad y el bienestar. Si algo ha demostrado el modelo de alto esfuerzo fiscal como el de España, es que estropea lo que funciona y no arregla lo inutilizado. Los ejecutivos liberales han refutado con hechos las quimeras impositivas de la izquierda. Hay demasiados ejemplos en nuestro país de altos impuestos y deficientes servicios públicos, con la Andalucía socialista como referente. Las administraciones populares, especialmente la madrileña, han probado que la tributación racional estimula la actividad y la recaudación. Que Moreno Bonilla siga ese camino es lo sensato. Europa lo comparte. No existe el impuesto de Patrimonio y la izquierda en Portugal o Alemania ha abrazado intensas bajadas fiscales. La receta de Sánchez no funciona. Gasto público desatado y alta presión fiscal son contraproducentes en un contexto recesivo y de alta inflación. El ensañamiento tributario es una política de tierra quemada irresponsable.