La izquierda acorrala a una Justicia a la deriva

Carlos Lesmes puso sobre la mesa de los grupos políticos la amenaza de su renuncia como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en el acto de apertura del Año Judicial. Se planteó como un acicate a socialistas y populares para que culminaran la renovación del órgano de gobierno de los jueces tras cuatro años en la interinidad. También como protesta contra la decisión de Pedro Sánchez de intervenir el Consejo y suspender sus competencias para cubrir las vacantes en los tribunales que culminó en el presente colapso de los más importantes órganos jurisdiccionales y en una crisis sistémica del Poder Judicial desconocida en la historia de la democracia. Lesmes ha comunicado que procederá con su dimisión en unos días y que explicará a la Sala de Gobierno del Supremo y al Pleno del CGPJ el mecanismo legal para su «eventual sustitución». Su polémico adiós es un paso más en el proceso involutivo y degradante de la Justicia vinculado a la indisimulada intención de Pedro Sánchez por acabar con la independencia de los tribunales. Desde su llegada al poder, socialistas y comunistas han desarrollado una política de asalto a la Justicia que alcanzó su manifestación inequívoca con el control y sometimiento de la Fiscalía General del Estado, que con Dolores Delgado y Álvaro García se ha sumido en una espiral de colonización del Ministerio Público atropellando méritos, escalafón y a sus propios compañeros. Los recientes ascensos de Dolores Delgado como nueva fiscal de Sala Militar y de Marta Durántez, experta en Siniestralidad Laboral, como teniente fiscal de la Audiencia Nacional, han constituido, además de la enésima cacicada, la muestra de que Sánchez no vacilará en dinamitar la división de poderes. El uso torticero de los indultos, convertidos en una última cámara de recurso político para torcer la acción de los tribunales, es otro timbre del el ánima despótica de La Moncloa. Lesmes ha decidido no plantar cara y marcharse por la puerta de atrás en un gesto que sirve a los intereses de la izquierda. Se ha quitado de en medio en una salida tan personal como desleal. Veremos si para no cerrarse puertas de ascensos crepusculares a costa de abandonar el timón, el Consejo y a sus compañeros. Su responsabilidad será máxima en el deterioro y el desprestigio que pueda sufrir la Justicia si los planes de Sánchez y los enemigos de la Constitución salen adelante. Tampoco somos optimistas con la visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, de la próxima semana. Las continuas admoniciones comunitarias contra la politización de la Justicia y a favor de que los vocales del CGPJ sean elegidos por sus pares no han cosechado avance alguno. El presidente nunca ha tenido voluntad de renovar el Consejo, sino obsesión por contar con una mayoría de afines, también en el TC. Ha blandido la Constitución contra el PP cuando él la vulneró en pandemia y después. No hay democracia plena sin independencia judicial. Con Sánchez España ya ha perdido esa condición.