Cataluña complica la presidencia de la UE

No se presenta con buenos augurios la próxima presidencia española de la Unión Europea, pese a los esfuerzos de los servicios de propaganda gubernamentales por convertir ese hito protocolario en la antesala de una victoria socialista en las elecciones generales de finales de 2023. Y son malos los augurios porque Pedro Sánchez, en su doble calidad de presidente del Gobierno español y del Consejo de la UE, puede encontrarse bajo las reconvenciones de la Comisión Europea y de la Eurocámara por dos asuntos graves, que tocan directamente los fundamentos democráticos comunitarios, como son el derecho al uso de la lengua materna en los espacios e instituciones públicos, y la separación efectiva de los poderes del Estado en los países miembros, especialmente, en lo que se refiere a las garantías de la independencia judicial.

Sobre esta última cuestión, que fue objeto preferente de la visita del comisario de Justicia, Didier Reynders, ya hemos advertido reiteradamente de la inquietud en el seno de la UE por el sistema de elección español del órgano de gobierno de los jueces, que no responde a los principios establecidos por el Convenio de Roma, dado que supone una intromisión demasiado grosera del Poder Legislativo y, de hecho, del Ejecutivo, en la Justicia. Desde luego, no sería de recibo que España recibiera un apercibimiento de Bruselas, precisamente, cuando le toca la presidencia por turno.

Ahora, a este flanco abierto en la política europea de La Moncloa hay que sumarle la cuestión del uso del castellano en el sistema educativo catalán, que será, igualmente, objeto de una inspección comunitaria, esta vez a cargo de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que enviará una misión oficial a lo largo del segundo semestre de 2023, dado que la reglamentación europea impide actuar en periodo electoral, y España celebrará elecciones municipales y autonómicas el 28 de mayo. Si bien no es dudoso el resultado que arroje la inspección de la Eurocámara, ya que el acervo político europeo protege como un derecho fundamental el bilingüismo en aquellas regiones donde convivan dos lenguas oficiales, la resolución no es vinculante, por lo que, en principio, no tendría mayores efectos sobre la política excluyente de la Generalitat de Cataluña.

Sin embargo, sí influirá en la Comisión Europea, que ya ha advertido a las autoridades catalanas de la obligación de cumplir las resoluciones judiciales, como las sentencias del 25 por ciento, al tiempo que señalaba que el principio de subsidiariedad puede obligar a Bruselas a intervenir si los gobiernos nacionales se muestran incapaces de aplicar las decisiones de los tribunales. Pero, con todo, lo más desalentador es que estas cuestiones, que son de pura práctica democrática, acaben discutiéndose fuera de nuestras instituciones. Y eso no hay presidencia europea que lo tape.