Una huelga médica en el peor momento

No se trata de ocultar las deficiencias del Sistema Nacional de Salud, en especial, en lo que se refiere a la atención primaria, que atiende el 80 por ciento de las consultas de los pacientes, ni de minusvalorar las razones que asisten a los facultativos, no sólo a los madrileños, para demandar mejoras profesionales que redunden en un mejor servicio, pero sí nos parece legítimo cuestionar el momento elegido para desatar el conflicto laboral y, sobre todo, preguntarnos si la vía propuesta, la de la ruptura de las negociaciones por parte del sindicato Amyts, responde a otras causas ajenas a las demandas propias asistenciales, como parece indicar el desigual, cuando no minoritario, seguimiento del paro.

Ciertamente, convocar una huelga de la atención primaria y de los pediatras a las puertas del invierno, con los casos de gripe, bronquiolitis infantil y otros virus sinticiales disparados, con el riesgo de saturar las urgencias hospitalarias, no parece que vaya a ser bien aceptado por la opinión pública madrileña, que no acierta a comprender por qué en iguales o peores circunstancias los facultativos de otras comunidades autónomas, como Cantabria, recientemente, han optado por agotar las vías de negociación. En este sentido, y tras las campañas gubernamentales y de las organizaciones de la izquierda radical contra la Sanidad de Madrid, no deberían extrañarse los convocantes de la huelga si una mayoría de la población lo interpreta como parte de la estrategia de acoso y derribo contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Insistimos en que no se trata de hacer juicios de intenciones, pero tampoco ocultar lo que es una realidad evidente. Con un problema añadido, que desde una oposición, política y, también, sindical, se dibuja un triste panorama de la sanidad pública de Madrid que en absoluto se corresponde con los hechos, al menos, desde una perspectiva global de la situación sanitaria en el conjunto español. Por supuesto, siempre se puede hacer más y siempre se puede exigir más de la gestión de nuestros gobernantes, pero son injustos esos juicios sumarísimos que no admiten más hechos que los que abonan la posición propia.

Porque desde que gobierna Díaz Ayuso, con todos los errores que se quieran aducir, la plantilla médica se ha incrementado en un millar de profesionales, hasta alcanzar los 17.458 facultativos, y el presupuesto que maneja la Consejería de Sanidad ha pasado de 8.100 millones de euros a 9.700 millones. Se argumentará que las cifras son aún insuficientes, pero no se puede negar el esfuerzo realizado. Además, muchos de los problemas, como la escasez de médicos y enfermeras, que se agudizará con las nuevas jubilaciones, escapan a las competencias de las comunidades autónomas, mientras el Gobierno de la nación permanece inactivo.