El maltrato al campo pasa factura al PSOE

Las últimas elecciones autonómicas celebradas en Andalucía y Castilla y León apuntan a que el PSOE no deja de perder apoyos en el ámbito de la España rural. De hecho, existen varias proyecciones de intención de voto elaboradas por el propio CIS en las que se advierte un mayor trasvase de votantes de izquierda, socialistas y de Unidas Podemos, hacia los nuevos partidos regionales o provinciales que están surgiendo en la llamada «España vaciada» y que superan con mucho las declaradas deserciones desde el sector del centro derecha. Es más, un partido como Vox, que surgió en las áreas urbanas, parece, a tenor de las encuestas, abrir un nicho de votos en el mundo agrario, cuya importancia deberá verificarse en las próximas elecciones de mayo.

No es algo que escape a las distintas direcciones regionales del PSOE, ya suficientemente alarmadas por las políticas de cesiones a los partidos nacionalistas del actual Ejecutivo, y barones socialistas como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, no han dudado en impulsar leyes autonómicas que favorecen al sector de la caza o han presionado a Ferraz para que refrenen el entusiasmo animalista de sus socios de Unidas Podemos. Asimismo, desde La Moncloa se preparan una serie de medidas económicas para reforzar los subsidios agrarios y se anuncian dotaciones presupuestarias para promocionar el turismo interior y las explotaciones agropecuarias «ecobiológicas».

Y, sin embargo, el problema es que la izquierda urbana, anclada en el nuevo animalismo y en un ecologismo de salón, impulsan políticas que, desde una supuesta buena voluntad ambientalista, desconocen la realidad del campo español y de unos ciudadanos que han hecho de España una de las grandes potencias agrícolas y ganaderas, además de mantener la lozanía y la diversidad de la naturaleza en la que viven y trabajan.

Ya sufren suficientes problemas derivados de la despoblación y la falta de servicios como para tener que soportar el rosario de prohibiciones, tasas y normativas pretendidamente «verdes» que caen como lluvia fina desde unos despachos ministeriales incapaces de entender el valor económico y medioambiental de la caza, la dependencia de combustibles como el gasóleo, el terrible incremento de los costes de producción que vienen sufriendo agricultores y ganaderos, los perjuicios de la expansión del lobo y, también, los daños de una propaganda que demoniza ante los consumidores de las grandes ciudades unos productos que cumplen con creces las exigentes medidas fitosanitarias y la calidad alimentaria.

Se nos dirá que la mayor parte de esas políticas tan desastrosas para el mundo rural han sido impulsadas desde el sector morado del Gobierno y no desde el PSOE, pero el ejercicio del poder en un Ejecutivo de coalición es solidario y las consecuencias suelen pagarse en las urnas.