El Congreso no está al servicio del Gobierno

Es cierto que el Gobierno de la Nación está en funciones, pero el Parlamento lleva formalmente constituido desde el pasado 17 de agosto y, por lo tanto, en disposición legal de cumplir con sus cometidos, entre ellos, el control del Poder Ejecutivo. Sin embargo, asistimos a un fenómeno que, desafortunadamente, no es insólito en la política democrática española, como es la práctica «hibernación» de la Cámara Alta.

Se produjo durante los diez meses que el gobierno de Mariano Rajoy estuvo en funciones y su negativa a someterse al control parlamentario acabó en el Tribunal Constitucional, con una sentencia contraria a la rechazable posición del entonces líder popular. Ahora, se repite la situación pues, al parecer, en tanto no se produzca la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, asistiremos a una simbiosis con los intereses gubernamentales que harían revolverse en su tumba al propio Montesquieu. La principal responsabilidad recae sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien lejos de encarnar su importante papel como tercera autoridad del Estado actúa como si fuera un simple apéndice de La Moncloa en una demostración palpable y preocupante de los efectos nocivos del autoritarismo sanchista sobre las principales instituciones del Estado.

Que no se haya fijado todavía la fecha de la sesión de investidura es un escándalo, pero no menor que el hecho de que la Junta de Portavoces no se haya reunido desde hace más de un mes. Como denunciaba ayer la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, ni en períodos de guerra se ponen tales frenos al Congreso. No le quitamos la razón, pero convendría que los principales partidos, entre ellos el PP, mantuvieran las mismas posturas tanto cuando se encuentran en el gobierno como en la oposición.

Ahora bien, lo cierto es que no se han tramitado las comparecencias del jefe del Ejecutivo en funciones para dar cuenta de las decisiones del Consejo Europeo ni la del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para informar sobre la crisis bélica de Oriente Próximo, asunto, este último, que ha cobrado mayor relevancia ante el agrio enfrentamiento entre las dos formaciones que, todavía, conforman el gobierno de coalición.

Pero, con todo, debemos insistir en que es especialmente sangrante la cuestión del calendario de investidura, como si el Parlamento tuviera que supeditarse no sólo a los intereses políticos y personales de Sánchez, que cuesta distinguir, sino a los del inefable ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, enredado temporalmente en un conflicto interno con el llamado Consell de la República, en el que crece la contestación de las bases más extremistas del separatismo contra la intención de investir al líder socialista. No siempre, y este es el caso, coinciden los tiempos institucionales, pero en cualquier democracia que se precie debe primar la representación de la soberanía popular.