El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha conseguido sobre la bocina que los principales sindicatos ferroviarios desconvocaran la campaña de huelgas, convocada en el marco del traspaso del servicio de cercanías de Cataluña a la Generalitat, que es uno de los compromisos contraídos por Pedro Sánchez con sus socios de investidura. En principio, el acuerdo mantiene el servicio de Rodalies bajo el Grupo Renfe y Adif, con la creación de una filial catalana de la empresa estatal, lo que, entre otras cuestiones, garantiza las actuales condiciones laborales de los trabajadores, tanto en el momento actual como de cara a una hipotética liberalización de los servicios, que es el objetivo último de la Comisión Europea, cuestión que se ventilará dentro de dos o tres años, cuando haya que aplicar el llamado «cuarto paquete ferroviario».

Desde un punto de vista político, es evidente la modificación del pacto con los nacionalistas catalanes, especialmente, con ERC, que no ha tardado en expresar públicamente su disgusto, pero desde un punto de visto técnico y financiero puede decirse que no hay cambios de calado. El Estado seguirá financiando las cercanías, cuya gestión la Generalitat de Cataluña tiene contratada a Renfe desde el traspaso de las competencias en 2009, aunque el gobierno autónomo catalán podrá nombrar un consejero en la nueva filial e, incluso, es posible que aflore de una vez por todas el tamaño del agujero financiero de Rodalies creado en los últimos años y sufragado a base de reales decretos, como el que en octubre pasado transfirió otros 486 millones de euros.

Por supuesto, detrás del conflicto con los sindicatos también hay otros factores de carácter social, como es la altísima movilidad de los trabajadores ferroviarios destinados en Cataluña, que solicitan el traslado a otros lugares de España en cuanto adquieren los puntos necesarios –algo que también sucede entre otros empleados públicos de ámbito estatal–, pero que tendría que ser objeto de un estudio más amplio. Así las cosas, puede decirse que el Gobierno ha salvado, de momento, claro, otra crisis política, aplazando en el tiempo la resolución definitiva de otro conflicto de competencias gestado al calor de su minoría parlamentaria.

Ahora bien, no es probable que la situación cambie para los usuarios de unos servicios de cercanías, en Cataluña y en el resto de España, que cada vez acusan más el deterioro de las infraestructuras, vías y estaciones, y del material rodante, fruto de la infrafinanciación pública. Siete años después de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno, se suceden las averías, los cortes de servicio y los retrasos que afectan, incluso, a los emblemáticos AVES, con miles de viajeros afectados. Y ello, con un Ejecutivo que ha hecho del cambio climático y de la reducción de transporte privado uno de los ejes de su acción política.