Hay una sociedad civil que resiste a Sánchez

La contestación a la ley de amnistía que propone el Gobierno encuentra eco en una parte sustancial de la opinión pública, ideológicamente trasversal, pero no es más que la cristalización de la resistencia de la sociedad civil a la paulatina colonización de las instituciones por parte de la maquinaria gubernamental, algo que se percibe con especial sensibilidad en el ámbito de la Justicia.

Ciertamente, no se puede usar un término instrumental como «lawfare» sin que los representantes de los tribunales, las asociaciones de juristas y los profesionales del Derecho en general hagan sonar las sirenas de alarma. Ayer, sin ir más lejos, en los considerandos de la sentencia del Tribunal Supremo que anula el nombramiento de la ex ministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, los magistrados actuantes no sólo reconocieron la legitimidad del demandante, la Fundación Hay Derecho, sino que recalcaron la vinculación de la citada asociación de juristas con la Comisión Europea, «la cual, como es notorio, viene impulsando la profundización en el Estado de Derecho y la prevención de la regresión en sus principios esenciales».

Horas antes, era el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que, en una decisión inédita, declaraba no idóneo para el cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras una sentencia del Supremo que concluye «desviación de poder» en el ascenso de la fiscal y ex ministra de Justicia Dolores Delgado, y es notable el número de manifiestos, cartas colectivas y declaraciones de principios que, en la crítica a la amnistía, advierten del riesgo que se hace correr a la independencia judicial.

Podemos multiplicar los ejemplos de protesta en los diversos sectores que conforman la llamada sociedad civil, como la exculpación conseguida por el Partido Popular de los letrados de las Cortes frente a la autoría del informe a la Mesa del Congreso, sin firma, que avalaba la amnistía, o la posición inequívoca del mundo empresarial contra la cesión a los nacionalistas catalanes, pero todo se resume perfectamente en la última intervención del ex presidente Felipe González, señalando que se trata de una medida «intolerable» que «puede tener el coste de destruir los fundamentos del ordenamiento jurídico de una democracia plena».

Es más, el reconocimiento paladino por parte de distintos portavoces gubernamentales, incluido el propio presidente del Gobierno, de que la amnistía responde no a un principio político, sino a la coyuntura de un mal resultado electoral, clarifica quién está en el lado correcto de la discusión. Al final, la realidad de que la democracia no consiste sólo en contar los votos, sino en el respeto a las instituciones y a la separación de poderes se va abriendo camino en el cuerpo social de España, aunque Francina Armengol no entienda mucho de lo que hablamos.