La independencia de la Justicia como reto

Su Majestad el Rey preside hoy el acto solemne de Apertura del Año Judicial, que se celebra en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, tal y como establece el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ante el Jefe del Estado, el presidente del Supremo, Francisco Marín, presentará la Memoria anual sobre el Estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia. Se trata de una situación anómala, porque tanto el magistrado Marín como el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, se encuentran en funciones, con lo que nos hallamos ante una inédita bicefalia en la alta representación de la justicia española.

Pero esta anomalía no es fruto, ni mucho menos, de un azar biológico, sino el resultado de una batalla política que se ha prolongado a lo largo de toda la pasada legislatura, en la que al Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas le cabe la mayor responsabilidad.

No es que el Partido Popular esté exento, pero en el análisis de los tiempos históricos cortos la cronología de los hechos es fundamental y, en el caso que nos ocupa, nos revela la pulsión de una extrema izquierda embriagada por su ascenso al salón del Consejo de Ministros que, con la aquiescencia socialista, trató de cambiar las reglas del juego para conformar un Poder Judicial que fuera permeable a las indicaciones del Ejecutivo.

Solo desde una analogía venezolana se puede calibrar el riesgo que ha corrido la independencia de la Justicia en España, conjurado, primero, gracias a la tempestiva intervención de la Comisión Europea y, después, a la firmeza demostrada por los populares. Nos referimos, claro, al intento frustrado de rebajar la mayoría parlamentaria en el proceso de elección de los nuevos vocales del CGPJ, seguida a continuación por una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impedía a un Consejo en funciones hacer nombramientos de jueces y magistrados.

Ante una mayoría incómoda en el órgano de gobierno de los jueces, el Ejecutivo de coalición optó por atarle las manos. El resultado está a la vista. No se han podido cubrir 20 vacantes en el Tribunal Supremo ni llevar a cabo los relevos correspondientes en otras 80 sedes de los tribunales y salas de justicia. Y así, mientras la doctrina de la UE va en la dirección de garantizar la mayor independencia posible al Poder Judicial, con los jueces nombrando a sus pares para el CGPJ y la desvinculación del mandato del fiscal general del Estado del gobierno de turno, la izquierda española, desde un concepto dudoso del papel activo de la judicatura en la conformación de una nueva sociedad, va en la dirección opuesta, curiosamente, próxima a la de los ultra conservadores polacos.

Con todo, lo peor es que Sánchez ha tenido éxito a la hora de conseguir una mayoría progresista, con magistrados vinculados al partido socialista, en el Tribunal Constitucional.