Nueva subida en el alquiler de La Moncloa

No conviene obviar que nada de lo que se pone en juego esta semana que empieza entre el Gobierno y sus principales socios nacionalistas, ERC y el PNV, formaba parte del contrato electoral, es decir, el programa, con el que el presidente del Ejecutivo y secretario general del PSOE se presentó a los comicios de julio de 2023. Al contrario, ni los acuerdos con Bildu ni, por supuesto, la amnistía estaban en el horizonte de un nuevo gobierno socialista, como se encargó Pedro Sánchez en remachar, pero tampoco decisiones de enorme calado político, económico e institucional como la financiación singular de Cataluña, basada además en una ordinalidad que favorece a las regiones más ricas, ni la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco, con el riesgo de romper el ya precario sistema de pensiones. Nadie discute la legitimidad de origen del actual gobierno, pero cabe plantear, al menos, las dudas que suscita un cambio de tal profundidad en las reglas de juego que no ha pasado por la aduana democrática de las urnas.

Más, si detrás de esos acuerdos no es posible descubrir un atisbo de los intereses nacionales de los españoles, sino el pago a las formaciones nacionalistas que hicieron posible la investidura de Sánchez para que le permitan continuar en La Moncloa. Porque la operación es tan lesiva para las comunidades autónomas menos ricas o peor financiadas que hay dudas más que razonables de que el sistema de financiación pueda hacer frente al desvío de fondos que supone el «cupo catalán», que, entre otras cuestiones, incluye la prevalencia de la Agencia Tributaria de Cataluña sobre la Hacienda española. Ni rastro del principio de igualdad entre los ciudadanos que forma parte del acervo fundamental de nuestra Constitución.

Y no se trata, como bien acaba de señalar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de negar las necesidades de financiación de Cataluña ni la convicción de que es preciso abordar una reforma del sistema de financiación autonómica que acabe con algunas situaciones sangrantes. Pero debe hacerse desde el mayor acuerdo político posible, con un proyecto sustentado en los informes técnicos y jurídicos más solventes y no como el pago creciente del alquiler de La Moncloa, en un momento de máxima debilidad del Gobierno de la Nación, acosado por los escándalos de corrupción que atenazan al Partido Socialista y a algunos representantes gubernamentales.

De ahí que sea preciso insistir en que la lógica política, los usos democráticos más elementales y, por supuesto, el respeto al espíritu constitucional, contrario al desmantelamiento del Estado, exigen el cierre de la legislatura y la convocatoria de elecciones. Y allí, ante las urnas, podrá el candidato socialista plantear a los electores su programa de pactos y sus reformas del sistema autonómico y de la Seguridad Social.