La ocupación sin recato del Estado

El nombramiento como presidente de la agencia Efe de un ex secretario de Estado de Comunicación que sirvió en el gobierno de Pedro Sánchez es rechazable, no tanto por la polémica trayectoria política del candidato –celoso defensor de los intereses de La Moncloa frente al derecho de información de los periodistas, hay que recordarlo, en una situación de grave alarma ciudadana por la pandemia–, como por el daño que se causa a la presunción de neutralidad y veracidad de la agencia oficial del Estado, la más importante del mundo en lengua española e instrumento en el que la mayoría de los medios de comunicación españoles confían a la hora de contrastar los hechos.

Ciertamente, no se exige a Efe rentabilidad económica –de hecho, actualmente se halla en pérdidas- porque su función como organismo público al servicio del interés general prima sobre cualquier otra consideración, más en un mundo como el actual, en el que la multiplicación de actores en las redes sociales genera enormes espacios de desinformación. La agencia Efe, además, traslada al exterior la realidad social, política, económica y cultural de España desde una solvencia reconocida internacionalmente.

Si exponemos con detalle estos factores es para dar cuenta del enorme perjuicio de la decisión tomada y de la imperiosa necesidad de que el Ejecutivo rectifique un nombramiento que, inevitablemente, servirá para poner en duda la labor profesional de sus trabajadores. Sin embargo, con ser grave, este caso no es más que uno de los múltiples jalones que marcan el desbordamiento de los límites institucionales por parte del presidente del Gobierno, que no tiene el menor empacho a la hora de colocar a sus peones en órganos del Estado que no nacieron, precisamente, para dar cobertura a la acción gubernamental, sino para el servicio de la sociedad en general.

Y no hablamos de proporcionar acomodo económico o profesional a antiguos colaboradores, las antes criticadas «puertas giratorias», hablamos de la absoluta falta de recato que trasladan algunos de los nombramientos de cargos públicos que pasan a ser desempeñados por personas con vinculación directa al poder ejerciente. Si el ejemplo del CIS es paradigmático, no se queda atrás la designación de dos exministros como embajadores ante las Naciones Unidas y la Unesco, puestos que por la complejidad de sus funciones siempre han desempeñado diplomáticos de carrera.

De cara a un futuro mejor, el próximo gobierno de la Nación, porque el actual no será eterno, debería impulsar normas que garanticen la neutralidad y profesionalidad de los organismos del Estado, aunque sea necesario endurecer el catálogo de incompatibilidades para el ejercicio de cargos públicos. Es importante, porque la tentación de cooptar las instituciones no anida solo en el PSOE.