La doble moral del socialismo español, que ha hecho de la distinta vara de medir un ejercicio de virtuosismo casi circense, sería patética si no fuera porque poluciona la apreciación del ejercicio de la Justicia en nuestro país, provocando la desconfianza social en la imparcialidad e independencia de nuestros jueces y magistrados. Así, cualquier investigación judicial que afecta al entorno del Ejecutivo y de los partidos que lo sustentan, el PSOE y la coalición de Sumar, se desecha olímpicamente bajo la acusación de un «lawfare» impulsado por los bulos de la ultraderecha y la derecha, como si los jueces actuantes formaran parte, junto con la Prensa independiente y la oposición política, de una conspiración inicua para acabar, poco menos, que con el sistema democrático.

Esas acusaciones que bordean la imputación falsa del peor delito que se puede atribuir a un magistrado, el de prevaricación, son el eje de los servicios de la propaganda sanchista, con unos argumentarios que harían sonrojarse a los redactores de la TASS soviética pero que algunos ministros del Gobierno repiten sin que se les mueva un músculo. Todo «lawfare», pues, salvo cuando se trata de la persecución impulsada por la izquierda en los tribunales contra la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entonces sí, se reconoce la independencia de la Justicia y se abona el juicio paralelo con items ad hoc como «los protocolos de la vergüenza», que campean en los titulares de los medios proclives al sanchismo.

Por supuesto, nada más fácil que retroalimentar esa campaña de descrédito de la Justicia desde el otro lado del muro. Baste con señalar que la imputación de dos ex altos cargos y un exasesor médico de Ayuso se ha llevado a cabo después de medio centenar de archivos y sobreseimiento de las acusaciones cuando felizmente han coincidido un cambio de criterio de la Fiscalía, una juez de una asociación profesional de izquierdas y que ejerció funciones en un gobierno socialistas y una acusación popular impulsada por el PSOE. Pero, realmente, ninguno de estos indicios superan el umbral de la maledicencia o del juicio de intenciones.

La juez instructora obrará como crea conveniente, elevará conclusiones al tribunal superior, se abrirá, en su caso, vista oral y, según el sentido de la sentencia, se incoarán o no procesos semejantes en otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, la Valencia de Ximo Puig y Asturias, por citar tres casos donde también fallecieron miles de ancianos por el covid en las residencias públicas y privadas. Porque en la estrategia de acoso y derribo de Isabel Díaz Ayuso, insultada diariamente desde el PSOE y el propio Gobierno, solo cuenta la tragedia de las residencias en Madrid, lo que implica que los fallecidos, en realidad, solo importan a efectos del oportunismo político de un ejecutivo acorralado por su corrupción.