Educación da vía libre a las autonomías para dar títulos con un número ilimitado de suspensos

La comunidad educativa está perpleja después de que el Ministerio de Educación y FP haya publicado hoy la orden que da vía libre a las comunidades autónomas para que un alumno pueda pasar de curso con un número ilimitado de suspensos. Y lo que es más grave, que se puedan conseguir los títulos de la ESO, Bachillerato y FP en estas condiciones.

La orden, que recoge medidas excepcionales y de carácter temporal ante el cierre de los centros, ha salido publicada hoy en el BOE. «Las Administraciones educativas podrán flexibilizar, de manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes», expone la parte del documento que ha escandalizado a la comunidad educativa y que afecta a todas las etapas educativas al considerar que va en contra de la legislación vigente (LOE-Lomce) en materia de promoción de curso y titulación. Y es que la norma establece que sólo se puede titular en la ESO con dos suspensos (si no son Lengua y Matemáticas a la vez) y en Bachillerato y FP con cero suspensos (Real Decreto 562/2017, de 2 de junio). Eso significa que un alumno podría obtener un título con siete suspensos, por ejemplo.

De momento, las comunidades autónomas están dando ya instrucciones desiguales sobre cómo evaluar y ahora la orden añade aún más confusión e inseguridad. En ella «prácticamente se impone el criterio de que todo el mundo apruebe, pase y titule, con concreciones manifiestamente ilegales», dice el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández. «Es una vulneración del marco jurídico como la copa de un pino; es un auténtico disparate y la pandemia no puede servir de patente de corso para saltarse la legalidad vigente, desvirtuar la función docente y atentar contra el principio de igualdad de oportunidades», ha añadido.

Los inspectores de Educación, a través del sindicato USIE, han manifestado su sorpresa por el hecho de que el Ministerio haya tomado, por fin, medidas legales pero “no son adecuadas al plasmar en una orden lo que tendría que haber regulado a través de un real decreto. La forma legal no es la correcta”. Al margen de esta cuestión formal, su presidente, Jesús Marrodán, cree que la normativa “genera una desigualdad en la titulación entre los alumnos porque podrán conseguir el título con unas condiciones diferentes según la comunidad autónoma en la que vivan; se rompe el principio de igualdad ante la ley que deben tener todos los estudiantes”.

“Es inmoral permitir que algunos alumnos puedan titular con materias suspensas y otras no y acceder en igualdad de condiciones a la universidad", asegura Mario Gutiérrez, presidente nacional de Educación de CSIF. “No se puede trasladar al profesorado toda la presión sin ningún criterio objetivo cuando es una competencia del Estado”, sentenció.

La Federación de Enseñanza del sindicato USO considera incluso que, en la práctica, "La promoción de curso generalizada supone en la práctica también un aprobado general, algo que rechaza una parte significativa del profesorado”. El sindicato lamenta que la medida afecte de forma especial a los estudiantes que titulen Bachillerato “pues las calificaciones cuentan significativamente para la nota de acceso a la universidad y determinará en muchos casos la elección de los estudios superiores”.

Las Escuelas Católicas también se han mostrado contrariadas con la regulación que ha publicado el Ministerio. “Esta orden ministerial vulnera las competencias exclusivas del Estado y la propia LOE al delegar en las comunidades autónomas los criterios de promoción y titulación provocando inseguridad jurídica y una evidente desigualdad territorial”, ha dicho el secretario general de Escuelas Católicas, Luis Centeno. “Compartimos los objetivos del Ministerio, pero no la solución adoptada, como tampoco la inclusión de otros temas, como la admisión de alumnos, lo que abre la puerta a un intervencionismo mayor de la Administración”. Centeno asegura que con esta orden el Ministerio aprovecha para facultar a las comunidades autónomas para que las funciones que venían realizando hasta ahora las comisiones de escolarización sean asumidas por la Inspección. Una cuestión que, aunque entraría dentro de la legalidad, sería una forma de “control” a la escuela concertada para ver cómo se ha hecho el proceso de admisión de alumnos. “Se adoptan medidas para escolarizar a alumnos que no entran en primera opción y esto, en el fondo, es aumentar la opacidad del proceso de admisión de los alumnos y puede conllevar menor libertad para elegir centro; la Administración decide dónde van los alumnos que no entran en primera opción en un centro, no la comisión de escolarización, formada por representantes de los centros, profesores y padres”.

Pasar de curso, la norma general

El Ministerio de Educación, sin embargo, asegura que la orden “no modifica el ordenamiento jurídico vigente y respeta las competencias de las Comunidades Autónomas”. Educación mantiene en su orden que “la promoción de curso será la norma general y la titulación debe ser la práctica habitual para aquellos alumnos que finalicen 4º de ESO o 2º de Bachillerato y FP. Una decisión que, en todo caso, siempre adoptará el conjunto de profesores de cada estudiante, que son quienes lo conocen y podrán evaluar de manera global si ha obtenido los objetivos educativos esenciales de la etapa cursada”.

La Orden Ministerial establece que se mantendrá la actividad educativa durante el tercer trimestre, de momento a distancia, en función de las restricciones sanitarias, y que el curso no se prolongará más allá del mes de junio.

El tercer trimestre “tendrá carácter formativo y diagnóstico para determinar las carencias de cada alumno y aquellos aspectos en los que necesita reforzar conocimientos. La evaluación global del curso se basará en los dos primeros trimestres en los que la actividad educativa se desarrolló de manera presencial y el tercer trimestre en ningún caso podrá perjudicar al alumno pero sí reconocerá el esfuerzo que haya hecho para obtener mejores resultados”, dice Educación. Sin embargo, hay cinco comunidades autónomas que no se han adherido al acuerdo (Andalucía, Castilla y León, Murcia, Madrid y País Vasco).

PP y Cs, dudan de la legalidad de la orden

La portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso, Sandra Moneo, ha asegurado que su partido se reserva la posibilidad de emprender acciones legales ante la orden de Educación porque “rompe el principio básico de nuestro ordenamiento jurídico recogido en La por la Constitución; una ley de rango inferior no puede contradecir otra superior”. Además considera que “rompe el principio de igualdad de los alumnos en el acceso a un título e invita a las comunidades autónomas a no respetar la ley y despoja al Estado de su competencia”. Moneo ha asegurado que su grupo va a presentar una iniciativa parlamentaria en la que instará al Ministerio a elaborar una normativa que se ajuste a la ley orgánica vigente y que aclare los criterios de evaluación y promoción porque “ninguna circunstancia, por excepcional que sea, justifica el incumplimiento de la ley”.

La cuestión ya ha sido objeto de una pregunta parlamentaria por parte de la portavoz de Educación de Cs, Marta Martín, que plantea que la nueva orden de Educación “supone una nueva demostración de ausencia de liderazgo a nivel nacional que sea capaz de dar una respuesta igualitaria y garantista a las familias y al estudiante que se encuentran cursando cualquiera de las etapas formativas” además de un “despropósito jurídico al permitir a las comunidades autónomas realizar determinadas actuaciones que invaden las competencias del Estado".